Mariano Monjas, presidente de la asociación vecinal Los Pinos de San Agustín no puede ocultar la alegría por la noticia: “no teníamos mucha esperanza de que la querella saliera adelante, y era fundamental que así fuera, así que esto es muy positivo ya que detrás hay muchas familias afectadas”. “También nos ha sorprendido -continúa- que el juzgado solo nos haya impuesto una fianza de 500 euros” para continuar el procedimiento. “Si hubiese sido muy elevada no habríamos podido”, asegura.
La asociación vecinal denunció a Cavero, hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición, por destinar parte de los 85 millones de euros recibidos del Estado para la rehabilitación de viviendas a otras partidas. Debido a este cambio, miles de personas, 717 vecinos del barrio de Los Pinos de San Agustín entre ellas, se quedaron sin percibir unas ayudas públicas ya comprometidas por el Gobierno regional. El propio Cavero, que esta semana está siendo objeto de duras críticas por no asistir a los plenos municipales mientras cursa un máster de banca en Harvard, explicó en la Asamblea de Madrid que el dinero prometido había sido destinado a sanidad, educación, servicios sociales y subvenciones al transporte.
Con fondos específicos procedentes del Estado, la Comunidad de Madrid ha aprobado diferentes planes de rehabilitación desde 2001 con el objetivo de, entre otras cosas, mejorar la habitabilidad de promociones de viviendas con cierto grado de deterioro, como era el caso de los bloques de Los Pinos de San Agustín. Los planes, cuya cuantía llegó a los 85 millones de euros, incluían subvenciones de hasta el 60% de la obra, un porcentaje que correspondía en un 40% al Estado y en un 20% a la Comunidad de Madrid. El 40% restante debía ser asumido por los vecinos.
Con estas condiciones, miles de familias se endeudaron para hacer frente a la mejora de sus viejos pisos. En el caso de Los Pinos de San Agustín, barrio que fue declarado Zona de Rehabilitación Integral, la Consejería autorizó obras en 98 bloques con 2.005 viviendas, pero estas quedaron en suspenso cuando aquella paralizó las ayudas “por problemas de liquidez”. Como consecuencia, todavía queda un 30% del barrio por rehabilitar y un montón de familias “entrampadas”.
El ex Consejero de Transportes será llamado a declarar próximamente y el juez determinará entonces si le imputa o archiva la querella. Mariano Monjas es muy consciente de que “esto no vale para que nos paguen pero sí para que se haga algo de justicia”.
Para lo primero, el propio Monjas y el responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, Vicente Pérez, se reunieron el pasado 29 de septiembre con el actual consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. “El nuevo consejero parece que tiene interés en resolver el problema, y ha afirmado que antes de Navidad nos daría noticias. Vamos a ver qué giro da el asunto”, indica Monjas.
