Este hecho se produce unos pocos días después de que el nuevo fiscal lo solicitase al considerar que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos”. Por supuesto, los letrados recurrirán ante la Audiencia Provincial el archivo de la causa, que tiene su origen en una querella presentada por el PSOE y apoyada por AVVI.
El pasado martes, varias decenas de afectados por la operación que se encuentra en el origen del caso se manifestaron ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para reclamar justicia y que el instructor hiciera caso omiso de la demanda de la Fiscalía Provincial y continuase con la investigación hasta sus últimas consecuencias. En vano. De manera incomprensible, el juez se ha apresurado a cerrar la instrucción en cuanto ha cambiado el fiscal, después de haberla paralizado durante años. Recordemos que el fiscal precedente, que llevaba en la causa desde su apertura, tenía claro que el proceso de venta de las 22 fatídicas promociones del IVIMA estuvo “trufado de irregularidades”.
“No entendemos por qué ahora el juez actúa con tanta celeridad cuando ha estado meses sin hacer nada. Da la sensación de que el juez estaba esperando el cambio de fiscal para dar cerrojazo a la causa. No hay derecho de que la cierre de esta manera, dejando desamparadas a las miles de familias afectadas”, sostiene Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, una entidad que siempre ha estado al lado de las familias damnificadas en su batalla para revertir la operación de venta.
“Ahora confiamos en que la Audiencia Provincial de Madrid atienda nuestro recurso y permita que se enjuicie a los responsables de este despropósito, porque es imprescindible que se valoren las pruebas que la Fiscalía consideraba más que suficientes hasta hace muy poco tiempo”, sostiene una de las portavoces de AVVI, Montse González.
A pesar del nuevo revés, las familias afectadas no van a tirar la toalla. Saben que cuentan con el apoyo y la simpatía de buena parte de la sociedad madrileña, que con ellas reclama justicia ante uno de los casos más sangrantes de nuestra reciente historia. Recordemos que en 2013 la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González (hoy imputado en el caso Lezo), malvendió al fondo buitre Goldman Sachs 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA, generando un quebranto patrimonial sin precedentes y el inicio de un auténtico calvario para las casi 3.000 familias afectadas. En estos momentos, siguen abiertos cinco procedimientos contencioso-administrativos por una operación que en su día precipitó la dimisión del director General de Vivienda y ex gerente del IVIMA, Juan Van-Halen.
