Miembros de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que ejerce la acusación popular en el caso, se encontrarán media hora antes a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla. Antes de la última providencia emitida por el juzgado, AVVI ya había solicitado en dos ocasiones la comparecencia como imputado del que fuera director general de Vivienda y Rehabilitación de la región cuando se inició la operación de enajenación, un proceso que ha perjudicado gravemente a 2.935 familias y que ha supuesto un quebrando patrimonial para la Comunidad de Madrid de 98 millones de euros.
La imputación de Van Halen abre una nueva vía de esperanza para los miles de damnificados, que llevan más de dos años reclamando que se haga justicia en uno de los casos más sangrantes de la reciente historia de la región. Recordemos que en el marco de la misma causa penal, el tribunal ha ordenado ala Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) la elaboración de un informe sobre las “posibles relaciones económicas entre las sociedades Bussola 99 Sicav, SA, Azora Gestión SGIIC, SA y las por ella participadas Encasa Madrid, SL y Goldman Sach Group INC, Goldman Sachs Internacional y las por ellas participadas”. Se da la circunstancia de que la familia de Pablo Cavero, que era consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda cuando se diseñó la operación, está detrás de Bussola 99. Hoy Cavero está a las órdenes de Esperanza Aguirre como concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Cinco recursos judiciales
Pero este proceso penal no es el único procedimiento judicial abierto contra los responsables de la enajenación de las viviendas del IVIMA. Actualmente hay en marcha cinco recursos contenciosos administrativos, tres colectivos y dos individuales. De entre los primeros, el más avanzado, el Procedimiento Ordinario 467/2013, que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid, se encuentra en trámite de conclusiones, mientras que los otros dos, al igual que sucede con los procedimientos individuales, están aún en fase de admisión de pruebas. Para los afectados y sus letrados, los procesos avanzan con una lentitud exasperante. En su defensa, los abogados subrayan, entre otras cosas, que con objeto de llevar a cabo la operación de venta “no se realizó un informe que acredite la idoneidad y adecuación de la contratación”, así como su “necesidad”. Además, en el procedimiento de adjudicación no se dio “trámite de audiencia a los arrendatarios como interesados, a pesar de tener un interés legítimo”, y las “resoluciones de la Directora Gerente del IVIMA vulneran el deber de buena administración al vulnerar el principio de eficacia, así como los principios constitucionales de eficiencia y economía.”
Los abogados de AVVI destacan también que cada uno de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que atienden los cinco procedimientos citados, conocen y tienen en su poder el Informe de Fiscalización de Operaciones de Enajenaciones del IVIMA y los controles realizados por las instituciones competentes (ejercicios 2012 y 2013), aprobado el 6 de noviembre de 2015 por el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
