La Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II y Marea Azul de Madrid condenaron la actuación policial y la detención del trabajador del Canal producida en el transcurso de la concentración celebrada el pasado 3 de diciembre con motivo de la Junta de Accionistas del Canal de Isabel II. La Junta se había reunido para tomar una serie de decisiones que ahondarán en el expolio del Canal y en la estrategia de privatización del Canal de Isabel II: una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros en 2015 ampliables hasta los 1.000 millones en futuras convocatorias, el reparto entre los accionistas de un beneficio de 137 millones de euros y el abono de una dieta de 600 euros a los miembros del Consejo de Administración. Las propuestas fueron aprobadas con los votos en contra del PSOE e IU.
El trabajador, detenido por resistencia a la autoridad, fue trasladado a la comisaría de Chamberí, donde permaneció unas horas al términos de las cuales fue puesto en libertad con cargos.
Se da la circunstancia de que un día antes de la movilización, el director de Recursos Humanos del Canal se había reunido con miembros del comité de empresa para pedir que ‘no hicieran ninguna tontería’ ya que no le gustaría ‘tener que sancionar a nadie’.
La PCPCYII y Marea Azul de Madrid denunciaron que la detención se produjo “de modo arbitrario y sin mediar provocación” durante el transcurso de un acto de protesta “pacífico, legal y comunicado en tiempo y forma a la Delegación del Gobierno en Madrid”. También “identificaron de forma arbitraria a las primeras personas en llegar”, una actuación que calificaron como “un grave atropello al derecho de manifestación encaminado a reprimir y criminalizar el movimiento en defensa del agua pública”.
A pesar de la tensión vivida, la PCPCYII y Marea Azul subrayaron que “no cejaremos en nuestro empeño de defender la gestión pública, democráctica, participada y sostenible de “un bien común, un bien imprescindible para la vida como es el agua y que no puede ser objeto de negocio”.
