Con “agosticidad” y alevosía. De esta manera está actuando el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso en la tramitación de dos normas de gran importancia para el vecindario de la capital, la Estrategia de Residuos municipal y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro.
En el día de ayer, la Junta de Gobierno del Consistorio anunció la aprobación inicial de la Estrategia de prevención y gestión de residuos domésticos y comerciales de la ciudad de Madrid 2030 y la apertura de un periodo de 45 día de información pública para la presentación de propuestas y alegaciones.
Estamos ante un documento esencial para el devenir del municipio, extenso y de enorme complejidad técnica, que requiere por tanto de tiempo de estudio y análisis si se quiere intervenir con sugerencias en su proceso de aprobación, como pretende la FRAVM. “Da la sensación de que el Ayuntamiento ya ha decidido que no va a admitir ninguna alegación de las que presentemos, pero por si acaso lo hacemos nos lo pone muy difícil, al sacar a información pública su proyecto cuando todo el mundo está de vacaciones. Y con la estrategia de residuos nos jugamos mucho, como el mantenimiento de la incineradora de Valdemingómez, una instalación obsoleta y muy dañina para la salud y el medio ambiente que debería clausurarse en 2025”, indica Quique Villalobos, presidente de la FRAVM.
Por otro lado, la Federación Vecinal recibió ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) simplificada de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, que reabre la puerta a talas de decenas de árboles maduros de diversos parques (como los de Arganzuela y Comillas), algo que hasta el momento ha sido frenado por una importantísima movilización ciudadana. El Gobierno autonómico ha dado 20 días para la presentación de alegaciones a esta DIA, de tal forma que el plazo termina a mediados de agosto.
La Federación Vecinal no entra a valorar el contenido de los documentos presentados por las dos administraciones, sino el procedimiento y sus plazos, que hurtan las opciones de participar en procesos normativos de enorme interés para la ciudad, y que además han generado hasta la fecha mucha polémica y oposición social. Se trata de un proceder profundamente antidemocrático, que desprecia la participación de la ciudadanía y sus organizaciones. Aunque el PP tenga la mayoría absoluta en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, debería facilitar esa participación y atender las sugerencias de organizaciones y personas que, con el mismo ánimo constructivo que siempre ha mostrado la FRAVM, solo persiguen mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Madrid y hacer de la ciudad un lugar más amable, habitable y humano.
