El pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares aprobó el pasado 20 de octubre una Iniciativa Legislativa Municipal para poner de manifiesto su oposición a la privatización del Canal de Isabel II. Con este son cuatro los consistorios que la han aprobado superando con ello el número de ayuntamientos y de electores necesario para llevar de nuevo al trámite parlamentario regional la decisión de privatización de la empresa pública.
En el pleno municipal, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se sumó a la Iniciativa Legislativa Municipal para oponerse a la privatización del Canal de Isabel II. Votaron a favor de la moción, presentada por el alcalde D. Julio Setién, tanto su grupo municipal (IU) como el los concejales del PSOE. Se alcanzó así la mayoría absoluta que requiere el artículo 14 de la ley 6/1986 de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
San Fernando de Henares se suma así a los ayuntamientos de Leganés, Getafe y Colmenarejo, que previamente habían aprobado la misma iniciativa. Con ello se superan los dos requisitos que fija la citada ley para que la iniciativa sea válida: basta con tres ayuntamientos que sumen en total un censo de 50.000 electores.
La Plataforma contra la Privatización del Canal espera que a lo largo de los próximos veinte días se sumen a la iniciativa nuevos ayuntamientos como los de Rivas-Vaciamadrid, Fuenlabrada, Parla, Orusco y algún otro, con lo que quedará claro el rechazo de muchos ayuntamientos a esta privatización.
Otro dato que la Plataforma quiere resaltar es que la iniciativa ha sido aprobada por dos ayuntamientos en los que el alcalde es del Partido Popular (Leganés y Getafe). Esto ha sido posible porque el grupo local de Unión por Leganés (ULEG) y UPyD de Getafe han votado una moción contra la privatización. En todos los casos citados los grupos municipales de IU y del PSOE votaron a favor de la iniciativa. Se muestra así la soledad del Gobierno regional en su plan de privatizar el Canal de Isabel II. A pesar de la difícil situación financiera de muchos ayuntamientos y de que los convenios que ofrece el Canal contemplan el cobro de un canon anual y un porcentaje de las acciones de la empresa a privatizar a cambio de la cesión de las infraestructuras municipales (distribución y alcantarillado fundamentalmente), preocupa mucho el precio que se obtendrá por la venta de las acciones del Canal que se pondrán a la venta. Debido a la difícil situación económica se han producido salidas a bolsa ruinosas, como la de Bankia, o se han tenido que abortar privatizaciones que ya estaban muy avanzadas, como las de Loterias, AENA, REE… Se teme, por tanto, que una empresa claramente rentable como el Canal de Isabel II se venda por un precio ridículo por la obstinación del Gobierno regional.
La privatización del Canal fue posible por la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2008 y, desde entonces, no ha avanzado por la ausencia de condiciones económicas favorables. Resalta en todo el proceso la absoluta falta de transparencia del Gobierno regional, que se ha negado reiteradamente a facilitar información tanto a las organizaciones sociales como a los grupos políticos de oposición.
