En concreto, exigirán al Gobierno entrante que, a diferencia de lo que ha hecho hasta el momento la Administración autonómica, no recurra el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el caso, que establece la nulidad de la venta, y ponga fin a un sufrimiento que dura ya seis años.
Hace tres semanas conocimos que la Sección Octava del alto tribunal había rechazado sendos recursos interpuestos por el Gobierno regional y por la empresa compradora, el fondo buitre Goldman Sachs, contra un fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid del año pasado que declara nula la compraventa por no ajustarse a derecho. En su sentencia, el TSJM concluye que la operación se encuentra “bajo sanción de invalidez” porque la Comunidad de Madrid la justificó de manera inadecuada, indicando sin muchas explicaciones que las casi 3.000 viviendas sociales enajenadas ya no eran necesarias. “Una cosa es que la motivación sea breve o escueta –se materializó en una memoria de apenas unos folios– y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, puede leerse en el fallo. “¿Cómo no iban a ser necesarias las viviendas del IVIMA para nosotras, que accedimos a ellas porque no podíamos permitirnos comprar o alquilar un piso en el mercado libre?” se pregunta de manera retórica AVVI, que a pesar de las dificultades lleva casi seis años manteniendo viva la llama de la lucha de los hogares damnificados.
La asociación, tras mantener en los dos últimos meses diversos encuentros con formaciones políticas para sumar apoyos a su causa, pide a las y los nuevos gobernantes que se pongan del lado de las familias y busquen acabar con su calvario de una vez por todas, renunciando a recurrir la sentencia del TSJM y haciendo todo lo posible por recuperar, para el fin para el que fueros concebidas, las 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA que fueron malvendidos al fondo buitre Goldman Sachs.
La sentencia del alto tribunal ha abierto una ventana de esperanza a las familias damnificadas, que el pasado mes de enero tuvieron que lamentar el archivo de la causa penal que desde 2014 instruía el Juzgado número 48 de Madrid. En estos años, muchas de ellas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas al no poder hacer frente a las condiciones impuestas por la actual propietaria, Encasa Cibeles, o ante el abandono y deterioro de sus bloques. Otras tantas resisten hoy como pueden, haciendo frente a las presiones cotidianas de esta empresa, filial de Goldman Sachs, para que se marchen de los inmuebles. Ya va siendo hora de hacer justicia y de reparar, en la medida en que sea posible, el enorme daño infringido contra estos hogares.
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