Hartos de sufrir la inacción de las administraciones madrileñas con los pisos turísticos ilegales, que no paran de aumentar a pesar de las regulaciones existentes, y ante el enorme impacto que suponen en la convivencia, su incidencia en la subida de los precios del alquiler, el vaciamiento de los barrios y la eliminación de servicios básicos, y su evidente conexión con el proceso especulativo que está sufriendo el Centro Histórico y la ciudad de Madrid, estas agrupaciones han decidido exigir a Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que apliquen las leyes e impongan las sanciones previstas. Para ello, han denunciado 503 Viviendas de Uso Turístico (VUT) que entienden ilegales, como lo son el 95% de las existentes en Madrid, al no contar con la preceptiva licencia de actividad y cambio de uso que exige la normativa municipal y no poder obtenerla. Por esta razón no solo deben ser clausuradas sino también multadas, han indicado los portavoces vecinales ante la sede consistorial del Palacio de la Cibeles.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que la implantación y desarrollo de una actividad sin licencia es incompatible con la ordenación urbanística, como es el caso, y supone una infracción calificada como grave, estando la cuantía de la multa entre 30.001 y 600.000 euros. Cada expediente sancionador debe ser independiente y paralelo al de cierre de la actividad ilegal, y debe ser tramitado por el Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, la Ley de Ordenación de Turismo de la Comunidad de Madrid dice que la aportación de información o documentos falsos al órgano competente en materia de turismo es una infracción muy grave, con multa cuya cuantía debe estar comprendida entre 30.001 y 300.000 euros. Todas las VUT denunciadas han presentado Declaración Responsable para su registro en la Comunidad de Madrid, manifestando que cuentan con las licencias exigibles por otras administraciones, lo que es manifiestamente falso por no contar con la licencia municipal, por lo que han incurrido en infracción muy grave.

De este modo, a tenor de las entidades denunciantes, cada una de las VUT señaladas esta mañana debe ser cerradas y se le debe imponer multas, entre ambas administraciones, entre 60.002 y 900.000 euros. El importe total de las sanciones para los 503 pisos turísticos ilegales estará por tanto entre 30.181.006 y 452.700.000 euros.

Los pisos turísticos denunciados se dividen en tres bloques:
1.- Santa Ana 6 y Toledo 77. Las 96 viviendas existentes en los dos edificios, propiedad de cuatro hermanos por herencia, han sido registradas en la Comunidad de Madrid, incluso las que tienen contratos de arrendamiento en vigor, siendo todas ellas ilegales y debiendo ser multadas con sanciones entre 5.760.192 y 86.400.000 euros. Ambos edificios están integrados en la Asamblea de Bloques en Lucha del Centro Histórico, que desde su nacimiento con los conocidos casos de Argumosa 11 y Olmo 35, no ha parado de crecer, hasta contar en la actualidad con 28 bloques organizados.

Fondos buitre como Ares Management, Azora o Value Base; familias históricas de la oligarquía, muchas de ellas con títulos nobiliarios e incluso de la familia Franco; o fundaciones ligadas a la Iglesia como Fusara, utilizan distintas estrategias para especular en nuestros barrios. En ocasiones, como en los dos edificios objeto de la denuncia, su conversión en pisos turísticos, en otros, la subida desproporcionada de las rentas, en todos los casos la expulsión de los inquilinos.
“El modus operandi es que el propietario registra la vivienda en la Comunidad de Madrid y hace una declaración responsable. Eso no es así, tal y como está la ordenación urbanística no pueden obtener esa licencia al no tener entrada diferencia la vivienda turística de la residencial”, ha indicado, Esther Alonso, portavoz de la Asamblea de Bloques en Lucha del Centro Histórico, antes de denunciar que algunos propietarios convierten la vivienda en un piso turístico con los contratos de los inquilinos todavía en vigor, lo que supone un auténtico atropello.

2.- Friendly Rentals. Se trata del mayor operador de pisos turísticos de Madrid, perteneciente al grupo Awaze, líder en la comercialización de vivienda vacacional en Europa. Perteneciente hasta el año pasado a Blackstone, el mayor propietario hotelero de España y del Mundo, le vendió el grupo el pasado año a otro fondo buitre americano, Platinum Equity. Las organizaciones vecinales han subrayado las fuertes vinculaciones, o directamente coincidencias, entre los operadores que están produciendo la turistización de nuestros barrios, la gentrificación del Centro, la expulsión de los vecinos y vecinas y los procesos especulativos de subida de precios de los alquileres por todo Madrid. Con estos vínculos “queda igualmente desmontada la falacia de que los pisos turísticos son economía colaborativa”. Los colectivos han denunciado 237 VUT ilegales comercializadas por Friendly Rentals en Madrid, a las que, en teoría, se les debería imponer multas por importe total de entre 7.110.237 y 142.200.000 euros.

3.- VUT denunciadas previamente por las asociaciones de Centro. Desde hace dos años, las asociaciones vecinales de Centro denuncian pisos turísticos ilegales a la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. Salvo en muy contadas excepciones, ninguna de estas VUT ha sido cerrada y siguen funcionando hasta la fecha sin mayor inconveniente, produciendo un enorme deterioro tanto en el tejido social como económico y de servicios de los barrios.
Es por ello que esta mañana se han tramitado 64 nuevas denuncias contra VUT ilegales y 106 contra pisos turísticos denunciados con anterioridad y que siguen en funcionamiento, de los aproximadamente 1.000 que están en la misma situación y cuyos expedientes siguen las asociaciones, que ha anunciado que valorarán si exigen sanciones para todos ellos. Las multas para estas 170 VUT denunciadas podrían sumar entre 10.200.340 y 153.000.000 euros.

En este punto, el presidente de la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras, Víctor Rey, ha alertado de la falta de inspectores y sanciones para acabar con esta situación, ya que la Comunidad de Madrid solo cuenta con cuatro inspectores para toda la región, que deben controlar 12.000 viviendas.