En verano de 2013 la Comunidad de Madrid vendió 2.935 viviendas públicas a la unión de empresas Azora-Goldman Sachs por apenas 201 millones de euros, una cantidad inferior al precio de coste de su construcción que, según fuentes procedentes de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, estaría en torno a los 300 millones de euros. El supuesto “negocio”, por tanto, no solo no fue tal, sino que supuso un quebranto patrimonial para las arcas públicas, una merma del parque de vivienda pública y una vulneración directa de los derechos de las 2.935 familias afectadas por este expolio, en su mayoría jóvenes que querían ejercer su derecho a compra o familias con escasos recursos.
Los afectados, que no tardaron en organizarse y en constituir la Asociación de Afectados de la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), denuncian que el Gobierno regional vulneró el derecho de tanteo y retracto de los inquilinos con opción a compra. Para ello, recurrió a una estratagema: poco antes, el 18 de julio, modificó el artículo 18 del Reglamento de Viviendas con Protección Pública referido a la transmisión de las promociones en alquiler a terceros.
Pero más allá de las personas que podrían optar a la compra de las viviendas que habitan, están aquellas que, por cuestiones económicas, no pueden afrontar el pago del alquiler porque, con el cambio de propietario, se extinguen las ayudas económicas. Son familias, muchas de las cuales tienen a todos sus miembros en paro o cobrando el REMI, con hijos a su cargo, etc… que se enfrentan a incrementos del alquiler que pueden pasar de los 80€ o 90€ en algunos casos, a 400€ o 500€.
La asociación, que desde su constitución ha llevado a cabo múltiples movilizaciones (manifestaciones, concentraciones, recursos ante la Defensora del Pueblo…), necesita colaboración económica para seguir adelante con la causa penal que han abierto para denunciar a los responsables de este expolio, por lo que han abierto una campaña de crowfounding. ¿Colaboramos?
