“El estado actual de la finca es especialmente preocupante. En marzo de 2009 leímos con alivio que el Ayuntamiento de la capital, titular del 20% de la finca, estaba trabajando en un plan especial destinado a recuperarla para el barrio. Por eso, creemos que la firma del protocolo de intenciones para instalar allí el primer campus europeo de la Universidad de Nueva York constituye un paso atrás para las vecinas y vecinos del distrito”.
La coordinadora vecinal recuerda que en los últimos años los vecinos de Carabanchel han asistido al desmantelamiento progresivo de varios servicios públicos que se prestaban en la finca y en sus aledaños. “Carabanchel ha perdido un centro de salud mental, el Colegio Maria Soriano y una residencia de la tercera edad. Hace unas semanas le tocó el turno a los centros ocupacionales para discapacitados psíquicos Fray Bernardino y Magerit, cuya precipitada clausura ordenó el Ejecutivo autonómico bajo la coartada de un riesgo de ruina inminente que los servicios técnicos no avalan. La práctica coincidencia de la firma del protocolo y el cierre de los centros ocupacionales nos da que pensar, la verdad”, reconoce Lourdes Hernández, portavoz de la coordinadora vecinal.
Además, añade, el protocolo se firmó “estando cerrado el periodo legislativo de la Asamblea de Madrid, por lo que el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha tenido que informar ni a grupos políticos, ni asociaciones vecinales, ni a sindicatos ni al resto de partes interesadas y afectadas por el desarrollo de este proyecto”.
Por todo ello, la Coordinadora exige al Gobierno regional y al Ayuntamiento de la capital que recuperen y conserven el conjunto arquitectónico y medioambiental de la finca garantizando el uso dotacional público de los edificios que se encuentran en su interior y de los equipamientos situados en sus inmediaciones. “Sospechamos que con el cierre de los centros ocupacionales pueden querer dejar vía libre para construir en los edificios que ocupaban servicios ligados a la universidad privada, como colegios mayores. No podemos consentir que desaparezcan equipamientos sociales necesarios para el distrito para ceder más recursos a la iniciativa privada. Ya está bien”, remata Hernández.
