El problema del descontrol de terrazas es tan grave y la voluntad de nuestras administraciones para solucionarlo tan pequeña que, en un hecho sin precedentes, las federaciones de asociaciones vecinales de Barcelona y Madrid se han unido junto a la organización de consumidores FACUA Madrid para solicitar la intervención urgente del Defensor del Pueblo ante el descontrol de las terrazas de hostelería en estas dos ciudades. Aunque la cuestión afecta a otros muchos municipios del Estado, debido a su tamaño y cantidad de zonas turísticas y de ocio que acumulan, Madrid y Barcelona la sufren de manera particularmente intensa.
Esta mañana, en una comparecencia que ha tenido lugar de forma simultánea en las sedes de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), sus presidentes, Ana Menéndez y Quique Villalobos, respectivamente, acompañados de Marian Díaz, la presidenta de FACUA Madrid, han presentado el escrito que unas horas antes habían enviado a Ángel Gabilondo solicitando, en primer lugar, “la incoación de una investigación” por posible vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía. Y, en segundo lugar, en el caso de que esa investigación confirme las denuncias y quejas vecinales, “proceda a remitir advertencias a las autoridades” de las dos ciudades a fin de que cesen ” en su “actitud permisiva y cómplice, y adopten las medidas legislativas, inspectoras y sancionadoras precisas para garantizar los derechos de los vecinos y vecinas, y para que cesen las vulnerables de derechos”.
Estamos ante dos ayuntamientos con colores políticos distintos que comparten un mismo problema: su fracaso a la hora de regular, logrando la conciliación con el descanso y el derecho a la ciudad del vecindario, un fenómeno que con la pandemia de la Covid-19 ha adquirido unas dimensiones nunca vistas. Las últimas medidas y cambios normativos adoptados por ambos consistorios (como la nueva Ordenanza de Terrazas de Madrid) no han servido en absoluto para solucionar el problema, en ocasiones debido a su escasa eficacia y en otras por la incapacidad (o falta de voluntad) para hacerlos cumplir.
La presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, ha insistido en los graves problemas de salud que el ruido provoca en los vecinos y vecinas de los barrios más afectados por la proliferación de terrazas en la vía pública. “Pedimos amparo al Defensor del Pueblo por la indefensión que nos provoca tanto el sector del ocio como las administraciones. Tenemos un grave problema de salud pública que se repite desde hace muchos años y que se ha agravado con la pandemia”, ha explicado.
Según Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, “en Madrid las terrazas eran estacionales pero ahora, después de la excepcionalidad provocada por la Covid, se alargan todo el año y, a diferencia de Barcelona, no requieren licencia“.
Por su parte, la presidenta de FACUA Madrid, Marian Díaz, ha remarcado la necesidad de denunciar por escrito las vulneraciones. “Los vecinos afectados han de presentar las denuncias por escrito porque es la única forma de que la administración reconozca que hay un problema”, ha explicado.
Incumplimientos sistemáticos
En su escrito al Defensor del Pueblo, las organizaciones vecinales y de consumidores dan cuenta de los problemas más comunes provocados por las terrazas de hostelería, que dividen en dos bloques, los derivados del incumplimiento sistemático y prolongado de la normativa vigente, algo “demasiado habitual en el sector” y los ocasionados por su saturación en determinados territorios, tal es el caso de zonas turísticas y de ocio como Gracia, Ciutat Vella, Avenida Gaudí, La Rambla y calle Enric Granados en Barcelona o como La Latina, Malasaña, Ibiza, Ponzano, Letras y Chueca en Madrid, por citar solo una docena de ejemplos.
Estos lugares sufren desde hace tiempo (¡demasiado tiempo!) una elevada contaminación acústica y ambiental, algo que, tal y como han subrayado una y otra vez los representantes ciudadanos, afecta gravemente a la salud. Esto supone, además, la vulneración del derecho al descanso como parte del derecho fundamental a la integridad física, y a la intimidad personal y familiar reconocidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española, así como del derecho a disfrutar de un ambiente adecuado, reconocido en el artículo 45 de la mima carta magna. “Es evidente que la contaminación acústica producida por la saturación de terrazas autorizadas en zonas concretas, por el ruido de la clientela que las ocupa, de los trabajadores al retirar mobiliario y estufas del exterior, todo ello en el marco de los incumplimientos de horarios de cierre de locales de restauración y terrazas, en la medida en que perturba ese derecho al descanso, vulnera nuestro derecho fundamental a la integridad física, a la intimidad personal y familiar y a la protección de la salud, y contraviene la normativa sobre contaminación acústica”, puede leerse en el documento enviado a Ángel Gabilondo.
Además, “resulta claro que el consumo de tabaco en las terrazas, sobre todo en zonas masificadas, o la proliferación de estufas de combustión en las mismas (permitida por las ordenanzas municipales), así como la acumulación de residuos, la falta de higiene, etc.” vulneran el derecho a un medio ambiente adecuado.
También es una constante “la vulneración del principio de igualdad y no discriminación y del derecho al disfrute en plenitud de los derechos reconocidos en la Constitución a las personas con discapacidad (arts. 14 y 49 CE), por infracción de la normativa sectorial de accesibilidad en cuanto a la invasión de itinerarios peatonales accesibles por terrazas”. Es demasiado común toparse con mesas y sillas pegadas a la fachada en lugares donde no están permitidas o que las terrazas no respeten las distancias mínimas de paso para el peatón que marcan las ordenanzas.
Otros incumplimientos recurrentes son la instalación de un número de sillas y mesas superior al autorizado, la ausencia de exposición de la autorización administrativa y la vulneración de los horarios de cierre.
Propuestas para solucionar la situación
Las tres entidades que han presentado el escrito se quejan de la actitud permisiva de los dos ayuntamientos, y de la falta de recursos a la hora de aplicar la normativa. En el caso de Madrid, además, Villalobos ha destacado el uso abusivo e indebido de las declaraciones responsables, que son aprovechadas por numerosos hosteleros para incumplir las normas de manera reiterada.
Tras aportar una batería de propuestas para solucionar el problema, que pasan por la aprobación de nuevas ordenanzas municipales en ambas capitales, la FRAVM, la FAVB y FACUA Madrid solicitan en su escrito, de manera literal, una investigación para determinar “si la vigente normativa local sobre instalación de terrazas contraviene la normativa internacional, estatal y autonómica sobre ruido y protección del medio ambiente” y si la “negligencia en la aplicación de la normativa” por la Administración local, vulnera los citados derechos fundamentales. También demandan “determinar, en el caso de Madrid, si el uso por los infractores de la declaración responsable para eludir el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento y la permisividad municipal al respecto, suponen fraude de ley“.
Escrito enviado al Defensor del Pueblo
