Representantes de varias organizaciones de mayores han presentado en rueda de prensa el inicio de la campaña de recogida de las 500.000 firmas necesarias para avalar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dirigida a la reversión de la congelación de las pensiones en 2011, que supuso una pérdida de capacidad adquisitiva del 2,9% para los casi 5,5 millones de pensionistas afectados por la medida. Los 3,2 millones restantes, perceptores de pensiones mínimas y no contributivas, percibieron un incremento de un 1% a comienzos de año, más la paga compensatoria.
La congelación de las pensiones fue aprobada en mayo de 2010, en un momento en que las cuentas del Sistema Público de Pensiones reflejaban superávit, dinamitando un sistema basado en la Ley de Medidas Urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, de 31 de julio de 1985, que estableció en su artículo cuarto que las pensiones serán revalorizadas al comienzo de cada ejercicio, de acuerdo con el IPC previsto para dicho año.
A juicio de las organizaciones promotoras de la ILP, “no debe ser potestad de un Gobierno modificar de manera unilateral las condiciones de las pensiones”, menos aún para cargar sobre los jubilados españoles “los fracasos económicos, la especulación descontrolada, la avaricia desmedida y la mala gestión de los bienes públicos”.
Recuerdan, asimismo, que los jubilados españoles cobran muy por debajo de la media europea, una cantidad a todas luces insuficiente para hacer frente a la escalada de precios que, desde hace unos años, afecta a los productos y servicios de primera necesidad.
Cabe destacar, asimismo, que 3 millones de pensionistas cobran, según Cáritas, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y están, por tanto, en el límite de la pobreza y de la exclusión social.
A pesar de ello, “estamos haciendo de muro de contención de algunos de los efectos más perversos de la crisis”. Antes de que la crisis golpeara con fuerza, dos de cada diez mayores proporcionaba ayuda económica a sus hijos, según la encuesta Mayores 2010, realizada por el entonces Ministerio de Sanidad y Política Social, una proporción que, a buen seguro, crecerá como consecuencia del incremento del paro.
Por todo ello, han presentado una ILP que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 7 de marzo, con el objetivo de que se actualicen las pensiones cuya revalorización fue suspendida en 2011 de manera que las personas afectadas reciban, en un único pago y antes del 31 de diciembre de 2012, la cuantía que se les adeuda. Esta cantidad se sumará al total percibido en 2011 y, a ese total, se incrementará el 1% destinado por el Gobierno al cálculo de la pensión en 2012.
Margarita García, de UDP, ha subrayado que tal reivindicación es “una cuestión de justicia”, toda vez que “para una parte importante de este colectivo, un recorte del 2,9% supone una pérdida de elementos adquisitivos básicos”.
“Comenzaremos a salir a las calles a recoger las 500.000 firmas necesarias en cuanto recibamos los pliegos de la Junta Electoral. Calculamos –ha precisado Félix Higueras, de CEPYP–, que recibiremos los pliegos sellados a partir de la semana que viene. A partir de entonces, distribuiremos las hojas entre nuestras asociaciones, distribuidas en casi todas las provincias españolas, para racabar el medio millón de firmas de apoyo durante los nueve meses prorrogables de los que diponemos”.
Los portavoces han subrayado que representan a ocho millones de votantes. “De los partidos depende -ha lanzado Lázaro Sola, del movimiento 15M- tenernos de frente o de lado”. Las organizaciones promotoras de la ILP han recordado que solo el PSOE votó a favor de la congelación. “El entonces jefe de la oposición dijo una y otra vez que Zapatero es el único presidente que ha recortado las pensiones. Ahora que tiene responsabilidades de Gobierno puede demostrar que Zapatero estaba equivocado y aprovechar que la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social da un plazo de un año para adecuar las pensiones a fin de evitar que perdamos capacidad adquisitiva en exceso”, ha remachado Higueras.
Promueven la ILP: Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Organización Social de Mayores, Pensionistas y Jubilados de IU, Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP), Mayores del 15M, Jubiqué y la comisión de Mayores de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
