Tras la adopción el pasado mes de diciembre del Acuerdo de París por parte de la comunidad internacional, el Gobierno español en funciones aún no ha dado ningún paso para ratificarlo, a diferencia de otros países de nuestro entorno, como Francia. Este proceso consiste en la incorporación de los objetivos y principios del Acuerdo de París dentro de la legislación nacional, de forma que cuando los países que han ratificado este acuerdo representen al menos el 55% de las emisiones globales, el acuerdo de París entrará en vigor.
Los últimos datos facilitados muestran cómo el Estado español ha aumentado sus emisiones, lo que arroja la conclusión de que estamos lejos de una auténtica descarbonización de la economía. El Gobierno español debe de ser mucho más ambicioso. Un ejemplo es el compromiso sobre los sectores difusos que situarán las emisiones de gases de efecto invernadero españolas en 2020 por encima de las que se registraban en 1990. Por tanto, es necesario activar mecanismos legislativos de mitigación de las emisiones, además del desarrollo de medidas adicionales coherentes con la limitación del incremento de la temperatura global a 1,5ºC.
Esta ratificación es el primer paso para el cumplimiento de nuestras obligaciones como grandes emisores per cápita de gases de efecto invernadero. Alianza por el Clima espera que el proceso no se detenga ahí sino que, con la participación de la ciudadanía, se inicie la imprescindible transformación de todos los sectores que culmine con una economía descarbonizada en 2050.
Además, Alianza por el Clima ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que convoque próximamente un Consejo Nacional del Clima (CNC) donde se aborde, de manera participada y consensuada, la revisión de las estrategias nacionales para la reducción de las emisiones en todos los sectores productivos y la posición del Gobierno español en la próxima Conferencia de Cambio Climático (COP) de Marrakech, que tendrá lugar en noviembre. En los últimos años, el CNC se ha convertido en un órgano de la Administración del Estado con las Comunidades Autónomas y con las organizaciones sociales en el que apenas se ha fomentado el debate sobre las grandes decisiones que hay que adoptar en materia de cambio climático.
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