En el encuentro tomarán parte alcaldes como Manuel Robles, de Fuenlabrada, profesores de universidad como Marcos Roitman (UAM) y otros especialistas como el ingeniero Enrique Ortega, así como miembros del comité de empresa del Canal, de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) y de las federaciones de asociaciones vecinales de Leganés y de la región (FRAVM). La coordinadora aprovechará el encuentro para presentar un manifiesto que, entre otros actores, acaba de rubricar Aqua Publica Europea (APE), la asociación continental para la gestión pública del agua, tal y como ha hecho saber por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
En el documento, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, que está compuesta por diversos colectivos vecinales, sindicales, ecologistas y partidos políticos de izquierdas, asegura que detrás del propósito de convertir a la empresa pública en una sociedad anómina y poner el 49% de sus acciones a la venta se halla “la obsesión enfermiza del PP de privatizar todos los servicios públicos y regalar al sector privado (a sus amigos empresarios) un negocio (el del agua) sin riesgos y con altas tasas de ganancia”.
“El Gobierno de la Sra. Aguirre pretende convertir en un negocio el servicio del ciclo integral del agua, que ha venido siendo servido con eficiencia desde hace mas de 150 años por una empresa pública que genera importantes beneficios (98.5 millones de euros en 2009) y cuenta con un alto grado de aceptación de los ciudadanos madrileños. Igualmente, de consumarse este hecho, se robaría a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid el inmenso patrimonio acumulado por el Canal en infraestructuras, suelo, inmuebles, etc. que pasaría a manos privadas”, alertan los miembros de una coordinadora ciudadana que se puso en marcha poco después de que la Asamblea de Madrid aprobara en diciembre de 2008 la venta de parte de la empresa pública.
Para este colectivo, la privatización no sólo no tiene justificación desde ningún punto de vista (“ni económico, ni técnico, ni social”) sino que puede conducir a un empeoramiento del servicio y de las condiciones de sus trabajadores, y a un mayor coste del agua, tal y como ha sucedido en procesos de liberalización similares como el vivido en París, donde tras comprobar las consecuencias nefastas de la privatización, el Ayuntamiento volvió a hacerse cargo de la gestión de la red de agua.
Los grupos de la plataforma, que desde su creación ha desarrollado multitud de acciones como asambleas, concentraciones, recogidas de firmas y conferencias, critican también que el proceso de privatización no sólo adolece de “déficit democrático y falta de transparencia desde su comienzo, ya que los ciudadanos no han podido participar de ninguna forma en una decisión tan importante para sus intereses”, sino que presenta “importantes lagunas legales, al obviar la propiedad del Estado de importantes infraestructuras del ciclo del agua y la voluntad de los ayuntamientos, propietarios de otras, cuya gestión se ha cedido al Canal a través de acuerdos y convenios”.
Durante el acto en el Ateneo de Madrid los presentes analizarán el estado actual del proceso de privatización del Canal y discutirán las acciones y estrategias a desarrollar en el corto y el medio plazo para tratar de frenarlo.
