La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, de la que forma parte la FRAVM y las asambleas populares de los barrios y pueblos de Madrid convocan una manifestación que tendrá lugar el 8 de octubre a las 18h para poner de manifiesto el rotundo rechazo de la ciudadanía madrileña a la privatización del 49% de esta empresa pública que ha sido gestionada con eficiencia desde hace más de 150 años. El Canal de Isabel II proporciona agua de calidad, cuenta con un alto grado de aceptación de la ciudadanía y, además, genera importantes beneficios para unas arcas públicas sacudidas por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica.
¿Por qué quieren privatizar una empresa pública que proporciona un servicio razonable, que no tiene problemas económicos y que es valorada positivamente por los ciudadanos madrileños?
Según la presidenta del Gobierno regional de Madrid, la venta de parte de las acciones del Canal responde a la “necesidad” de recaudar los 4.000 millones de euros que costará la construcción de dos embalses en Colmenar de Oreja y en Puebla de la Sierra para “garantizar” el abastecimiento del agua en Madrid y la aplicación de la Directiva Marco del Agua en lo referido a la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo). El Ejecutivo de Esperanza Aguirre, sin embargo, no ha presentado ningún estudio que avale la necesidad de construir dos nuevos embalses. Ecologistas en Acción y la Confederación Hidrográfica del Tajo, por el contrario, han demostrado en sendos informes que, salvo que la población madrileña alcance los 12 millones de habitantes, no necesita más pantanos.
La aplicación de la directiva tampoco requiere ingresos extra a los que aporta el Estado a este efecto (389 millones de euros), la Sociedad Estatal Aguas del Tajo (1.164 millones de euros) y a los 1.217 millones que el Canal puede aportar con cargo a los beneficios que ingrese en 9 o 10 años. El Gobierno regional, sin embargo, renunció a firmar un convenio con el Ejecutivo central para recibir parte de la inversión necesaria.
Las razones que justifican la privatización, por tanto, son otras y tienen más que ver con la aplicación de la ideología ultraliberal que preconiza la desrregulación y la privatización de los servicios públicos, una política cuyas consecuencias se están dejando sentir en la educación, la sanidad, los servicios sociales… También con la presión de las grandes empresas privadas de servicios, empeñadas en ampliar su cuota de negocio en un sector, como el del abastecimiento del agua, con altas tasas de ganancia y liquidez inmediata.
En palabras de la Plataforma y de las asambleas populares, por tanto, no hay razones ni económicas, ni técnicas, ni sociales que justifiquen una privatización que, a buen seguro y en base a experiencias previas (ver el caso de París, que recuperó la gestión pública del agua tras años de cesión a empresas privadas) empeorará y encarecerá el servicio y precarizará las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.
Para evitar que la privatización anteponga el lucro de unos pocos accionistas a costa de un bien natural y del patrimonio público y, sobre todo, porque el proceso ha presentado en todo momento un enorme déficit democrático, la Plataforma y las asambleas invitan a la ciudadanía a acudir a la manifestación que recorrerá las calles del centro de la capital desde las oficinas del Canal (calle Santa Engracia, 125) el próximo 8 de octubre a las 18h.
Hasta entonces, las personas interesadas en poner de manifiesto su rechazo a la privatización pueden hacerlo a través de internet rellenando este formulario.
