La concentración de ayer frente al Congreso fue fruto de una larga campaña contra la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Según los colectivos convocantes, “la sanidad pública no debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas. La introducción del ánimo de lucro en la sanidad pública no mejora la eficiencia del sistema sanitario y en cambio sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los pacientes”.
“Hemos recogido 400.000 firmas para denunciar esta situación y vamos a entregarlas en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno y los diferentes grupos parlamentarios la derogación de la Ley 15/97 y cualquier otra que permita a las empresas privadas gestionar la sanidad pública”, indican en un comunicado.
La ley 15/97 de ‘Nuevas Formas de Gestión en Sanidad” permite la entrada de las entidades lucrativas en la gestión y administración de los centros médicos, así como en la prestación y la gestión de los servicios sanitarios. Según las entidades citadas, la ley, que fue aprobada con los votos favorables de PP, PSOE, CIU, PNV y CC (sólo IU y BNG votaron en contra), “está permitiendo la transformación de la sanidad en un negocio más, legitimando la entrada en la sanidad pública de empresas sin ninguna experiencia en el sector, que se han hecho con la propiedad de los centros sanitarios, anteriormente públicos (multinacionales como Apax Partners; empresas constructoras como Dragados, Sacyr, Acciona, Begar, FCC, Hispánica; financieras como Bancaja, Caja Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid; así como otras del sector sanitario privado: Adeslas, Asisa, DKV Seguros,….)”. “Es de sobra conocido que los centros sanitarios privados/lucrativos se centran en aquellos procesos más rentables económicamente, evitando los más costosos (crónicos, patologías complejas…). Al tiempo, diferentes estudios internacionales confirman que los centros sanitarios lucrativos tienen tasas de mortalidad superiores a los no lucrativos y que resultan más costosos para los ciudadanos que los públicos”, apostillan en el citado documento.
