En España cada vez hay menos que celebrar el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, que se conmemora el 24 de junio. Es el diagnóstico de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), integrada por asociaciones de personas afectadas por los campos electromagnéticos, asociaciones de personas electrohipersensibles (EHS), asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas.
La plataforma denuncia que, lejos de poner en práctica las recomendaciones del Consejo de Europa, de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, del Parlamento Europeo, etc. dirigidas a reducir los límites máximos admitidos para garantizar la salud de las personas, en especial de los niños y adolescentes), en el Estado español las autoridades continúan promoviendo y subvencionando políticas de cobertura total en beneficio de la industria de telecomunicaciones que elevan exponencialmente los riesgos a los que está expuesta la población. Es el caso del sistema 4G y la nueva Ley General de Telecomunicaciones actualmente en trámite, cuyo objetivo principal es favorecer el despliegue tecnológico o la extensión de los tendidos eléctricos de alta tensión o la implantación de los nuevos contadores inteligentes de medida de suministros eléctricos, que van a añadir mucha más contaminación a la ya existente.
Los sucesivos gobiernos españoles han hecho caso omiso las reivindicaciones de la PECCEM, dirigidas a reducir notablemente el límite máximo de radiaciones electromagnéticas, que en España es 4.500 veces superior a la recomendada por el Consejo Europeo para garantizar la salud de las personas (450 microvatios/cm² frente al valor recomendable fijado de 0,1 microvatios/cm²).
Como consecuencia de esta irresponsable política plegada a los intereses económicos de las grandes corporaciones de las telecomunicaciones, en España crece de forma notable el número de personas que padecen electrohipersensibilidad, una dolencia de la que apenas se habla toda vez que, a diferencia de países como Suecia, no está reconocida como enfermedad y sus síntomas (cansancio, insomnio, cefaleas, irritabilidad, desorientación…) reciben un tratamiento médico incorrecto que, en no pocas ocasiones, agrava su padecimiento.
Es el caso de Ángela Jaén, que se quitó la vida en Pinto el pasado mes de noviembre tras mudarse 9 veces por no encontrar un lugar “limpio” de ondas electromagnéticas y recibir un tratamiento inadecuado.
El hecho de que no haya sido reconocida como enfermedad dificulta el cálculo del número de personas que la padecen, pero en Suiza, un país a cuyo grado de desarrollo se asemeja España, registró en 2004, una frecuencia del 5%.
Por todo ello, PECCEM reclama al Gobierno que aplique la resolución 1815 del Consejo de Europa, que insta a los países miembro de la UE a “adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos y, en especial, a los niños y jóvenes que al parece corren mayor riesgo de padecer tumores de la cabeza”.
Con ese objetivo, PECCEM y otras organizaciones de Bélgica, Suecia, Francia, Italia y Portugal van a promover una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para que se obligue a los Estados de la UE a aplicar la Resolución 1815 del Consejo Europeo.
El sábado 29 de junio representantes de esas organizaciones se reunirán para consensuar el contenido de la ICE.
