Ayer, 24 de junio, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y las Asambleas del 15M volvieron a la calle para recordar al Ejecutivo regional que, tal y como se puso de manifiesto en la consulta social celebrada el 4 de marzo (el 99% de las más de 178.000 personas que depositaron su voto en las 311 mesas instaladas lo hicieron a favor de la gestión pública del agua) la ciudadanía madrileña se opone a la privatización de la empresa pública. Y lo hicieron poniendo a disposición de las vecinas y vecinos de Madrid miles de papeletas en las que pudieron escribir un mensaje de apoyo al control público del ciclo integral del agua. Casi 16.500 personas participaron en la iniciativa, cumpliendo sobradamente las expectativas de los promotores que, sin embargo, no bajan la guardia. Es más, advierten que es necesario redoblar los esfuerzos en favor de la gestión pública del agua toda vez que el anuncio del aplazamiento de la venta del Canal lanzado por el Ejecutivo autonómico el pasado 29 de mayo que, en buena medida responde a la presión ciudadana puesta de manifiesto en la consulta ciudadana, así como a través de las luchas institucionales y de las actuaciones jurídicas emprendidas (recursos de reposición, contencioso-administrativos y de inconstitucionalidad), es “solo una tregua hasta que la situación de los mercados financieros mejore”, ya que “su intención es privatizar el Canal de Isabel II antes de que acabe la legislatura”.
Muestra de la firme determinación del Gobierno de Esperanza Aguirre de seguir adelante con la privatización de la solvente empresa pública es la constitución, el pasado 7 de junio, de una sociedad anónima 100% pública (el 80% de las acciones corresponden a la Comunidad de Madrid y el 20% restante a los ayuntamientos que han firmado los convenios de participación en la nueva sociedad) denominada Canal de Isabel II Gestión, que gestionará el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid durante los próximos 50 años.
La plataforma y el 15M recuerdan que el CYII “ha demostrado a lo largo de muchos años que cumple los objetivos de eficiencia económica, social y ambiental” y califica de “irresponsable” la decisión de crear un nuevo modelo de gestión “que puede fracasar”. Además, señalan, la creación de una sociedad anónima, que se regirá fundamentalmente por el derecho privado, implica que, en adelante, no se someterá a la participación y al control de la ciudadanía toda vez que no le será aplicable el derecho público. “En este sentido –añaden– es aleccionadora la dificultad permanente que ha tenido la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para conocer las cuentas de las sociedades anónimas que pertenecen al Grupo Canal frente al control que sí ha podido ejercer sobre las cuentas de la empresa pública”.
La misma opacidad que, vaticina, se impondrá sobre la actividad de la nueva sociedad, es la que impera en la actualidad sobre el valor del CYII. “Es intolerable –remachan– que desconozcamos el valor de una empresa que nos pertenece a todos y a todas y poco serio que, inicialmente, se valorara en 3.500 millones de euros y, según las últimas declaraciones, su valor oscile ahora entre 3.000 y 3.300 millones”.
Por todo ello, han advertido que la plataforma y el 15 M continuarán exigiendo que se convoque un referéndum vinculante sobre la gestión del agua y seguirán promoviendo acciones como la consulta social celebrada el pasado 4 de marzo o la última a la que se han sumado: la Iniciativa Ciudadana Europea promovida por organizaciones ciudadanas y sindicales de toda Europa mediante la cual se recogerán un millón de firmas para instar a la Comisión Europea a que presente una propuesta legislativa para que los países miembro de la UE garanticen por ley el ejercicio de la ciudadanía al derecho al agua y el saneamiento e impidan que los servicios del abastecimiento del agua y de la gestión de los recursos hídricos se excluyan del ámbito de la liberalización (hoja de firmas en el fichero relacionado).
