10-D: jornada estatal contra las listas de espera y la privatización de la salud

La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas ha escogido el próximo 10 de diciembre, fecha en la que se cumplen 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para impulsar una jornada estatal contra las listas de espera y la privatización de la salud. En Madrid, a través de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MESDAP), organizará una acción informativa a las 17:00 en la Plaza de San Ana.

10-D: jornada estatal contra las listas de espera y la privatización de la salud
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La concentración finalizará con una pequeña actuación del músico José María Alfaya. A continuación, la MESDAP invitará a los asistentes a desplazarse hasta la plaza del Callao para sumarse a un abrazo simbólico “por los derechos humanos y de la tierra” que comenzará a las 18:30. Este “abrazo del caracol”, tal y como lo han denominado sus promotores, se enmarca en los actos de la Cumbre Social por el Clima y persigue “dignificar a las personas defensoras de los derechos humanos”.

Según el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hace 71 años aprobó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y para garantizar la vida es fundamental el acceso a la sanidad. Con este mar de fondo, la MESDAP aprovechará el aniversario de este importante documento para denunciar el aumento de las listas de espera sanitarias, que según datos del pasado mes de octubre de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, afectaban a 653.288 personas. De ellas, 79.671 estaban pendientes de una intervención quirúrgica, 430.397 de una primera consulta y 143.220 de una prueba diagnóstica.

La MESDAP, en la que participa la FRAVM, culpa a la Administración autonómica de incrementar las listas de espera “para provocar más derivaciones [a la sanidad privada], y así multiplicar la verdadera sangría de los recursos potenciales de los hospitales, donde cada día hay menos personal, menos quirófanos, mamógrafos, laboratorios, etc”. De hecho, estas listas “ejercen la presión sobre los pacientes, presentando unas demoras vergonzosas e inadmisibles, pero muy eficaces para que los pacientes se vean forzados a acudir a centros privados”.

La mesa califica estas derivaciones de auténtica “privatización silenciosa” de la sanidad pública, ya que generan que miles de millones de euros se desvíen de la sanidad pública “a los bolsillos de los accionistas de las empresas privadas”. Y ponen un ejemplo cotidiano para ilustrar lo que esto supone para las arcas públicas: “una resonancia magnética en un centro público cuesta 108 euros, mientras en un centro privado cuesta 257 euros, según la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana”.

Por ello, la MESDAP invita a la ciudadanía a rechazar las derivaciones, y a exigir siempre el derecho a ser atendido/a en un centro público y por un/a médico habitual.

Las mareas blancas de todo el Estado aprovecharán la jornada del 10 de diciembre para volver a reclamar la recuperación de los servicios privatizados, tanto sanitarios como no sanitarios, de nuestro sistema de salud. En nuestra comunidad autónoma estos se identifican con el laboratorio central, la lavandería central, la Fundación Jiménez Díaz, el servicio de ambulancias, la limpieza, el servicio de call center o la gestión de numerosos hospitales.

En el ámbito estatal, “la cuantía que ahora mueven las empresas mercantiles y especuladoras supera ya los 30.000 millones de euros, más del 40% del total de recursos destinados en principio a la sanidad pública. Del 5,9% del PIB actual, un 70% se destina a la sanidad pública y un 30% a la sanidad privada”, asegura la MESDAP en un comunicado.

Por todo ello, “la primera medida del Gobierno de España, tras las elecciones, ha de ser blindar los servicios sanitarios públicos para evitar renovaciones por inercia de los contratos y/o nuevas concesiones o conciertos. Y, por supuesto, priorizar por norma una gestión 100% pública”, apostilla, antes de exigir la derogación de normas que abrieron la puerta a las privatizaciones, como la polémica Ley 15/97.

 

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