Frente a las imprecisas declaraciones en prensa de estos días, lo que los vecinos y vecinas están esperando y ha solicitado es un decreto del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid firmado por su titular el delegado, Borja Carabante, que anule el acto administrativo por el que se cedió la parcela Los Morales 27 para la construcción de un cantón.
“Lo que solicitamos constituiría una modificación de un contrato vigente que la Ley de Contratos del Sector Público permite y que puede hacerse de mutuo acuerdo con la empresa concesionaria permutando esta parcela por otra que no perturbe la tranquilidad y bienestar del barrio, y como hemos recalcado desde el principio, fuera de zonas residenciales”, aclara la plataforma vecinal que se ha movilizado contra la instalación del cantón en Los Morales, 27, antes de continuar: “este decreto, que el barrio reclama, constituiría una clara demostración de que nuestro Consistorio antepone los intereses de la ciudadanía a cualquier otro y orienta sus actuaciones hacia la protección del medio ambiente y la salud de sus conciudadanos”.
Durante el pleno municipal de ayer, la plataforma propuso y se ofreció a colaborar en una comisión de seguimiento encabezada por la Junta de Distrito que incluya a todos los afectados (comerciantes, vecinos y vecinas, centros educativos, asociaciones vecinales, etc.) para, de común acuerdo, buscar un uso apropiado a la parcela que incremente el bienestar del barrio y mejore su calidad de vida. Ese ofrecimiento y mano tendida, de momento, ha sido ignorado por el concejal presidente. 
Por todo ello, dado que desde el 16 de septiembre no ha existido diálogo alguno entre el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y los vecinos y vecinas y, sobre todo, ante las declaraciones en prensa realizadas por su titular, a tenor de la plataforma “vagas y sin compromiso formal”, “los vecinos nos vemos obligados a continuar la protesta reclamando la reubicación del cantón a un lugar apropiado fuera de zonas residenciales, un compromiso oficial y por escrito sobre la no instalación en la parcela indicada del pretendido cantón y una comisión de seguimiento abierta a todos los interesados para dar un uso a la parcela que beneficie a toda la comunidad”, concluye el colectivo barrial.
