El macro vertedero de Pinto/Getafe está activo desde 1986 y acumula vertidos de 72 municipios madrileños, lo que equivale a 1.965.312 ciudadanos, un 30% de la población de toda la región. Llega a los 659 metros en su punto más alto (el rascacielos más alto de Plaza de Castilla, Torre de Cristal, tiene una altura de 249 m) y recibe 800.000 toneladas de residuos al año. Todo ello dentro del único espacio protegido del sur de la región, el Parque Regional del Sureste que también está incluido en la Red Natura 2000.
Esta inmensa montaña de basura contamina el suelo y el agua, produce emisiones de gases tóxicos como metano, y genera malos olores a escasos tres kilómetros de las viviendas de Pinto.
En 2022, la Mancomunidad Sur, entidad supramunicipal que gestiona el macro vertedero –presidida, en ese momento por la alcaldesa socialista de Getafe- presentó un proyecto para construir seis nuevas plantas de tratamiento de residuos y ampliar el vertedero. Todo ello contradiciendo el compromiso adoptado por la propia Mancomunidad para su cierre definitivo, previsto en 2025. La propuesta incluye:
- Planta para basura mezclada, de 400.000 toneladas al año.
- Planta de combustible para incineración, de 140.000 toneladas al año.
- Planta de residuos orgánicos, de 75.000 toneladas al año.
- Planta de envases, de 40.000 toneladas al año.
- Planta de residuos voluminosos, de 75.000 toneladas al año.
- Horno crematorio de animales, de 500 toneladas al año.
Ante esta situación, la Plataforma por el cierre del macro vertedero inició una campaña informativa y de recogida de firmas en los municipios más afectados. Las 4.786 personas firmantes piden un cambio de modelo en la gestión de residuos que pase por la construcción de nuevas instalaciones más pequeñas, en ubicaciones idóneas, compatibles con el bienestar de las personas y del medio natural, trabajando en favor de una verdadera transición hacia la economía circular y el residuo cero.
Pero la situación para los vecinos y vecinas iba a empeorar aún más. Después de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, la presidencia y la vicepresidencia de la Mancomunidad Sur han pasado al alcalde de Sevilla la Nueva y al teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental de Boadilla del Monte, ambos del Partido Popular. Este nuevo equipo es el que solicitó, hace unas semanas a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, la modificación de la legislación vigente para permitir seguir llenando de basura el vertedero de Pinto/Getafe.
En base a esta petición, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, aprovechando la tramitación del Proyecto de Ley de Economía Circular, ha incluido varias enmiendas para desproteger 80 hectáreas del Parque Regional del Sureste – modificando la Ley de declaración de este espacio protegido- y legalizar la ampliación del macro vertedero. Esta ampliación permitiría casi duplicar la extensión actual, pasando de 148 a 228 hectáreas, superficie equivalente a dos veces el parque de El Retiro de Madrid.
El martes 19 de marzo representantes de la Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto y Getafe, de la que forma parte Ecologistas en Acción y asociaciones vecinales de Getafe, Pinto y Ciempozuelos, asistieron a la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la Asamblea de Madrid, donde fueron testigos de cómo la mayoría absoluta del Partido Popular en dicha comisión, con la presencia del presidente y del vicepresidente de la Mancomunidad Sur, aprobó las enmiendas que permitirán la desprotección del Parque Regional del Sureste. Así se seguirá enterrando basura en un espacio Red Natura 2000, a escasos tres kilómetros de las viviendas de Pinto. Esto sucedió, ignorando las miles de firmas vecinales presentadas por la Plataforma. En el mes de abril, se espera que el pleno de la Asamblea apruebe definitivamente la desprotección del Parque Regional del Sureste, levantando los vetos a la ampliación del macro vertedero.
La Plataforma, que ayer fue acompañada en el registro de las firmas por el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, ha manifestado su indignación por lo que considera “otra vuelta de tuerca al desequilibrio territorial que conlleva esta nueva ampliación del vertedero, que claramente denota la consideración del sur de la región como zona de sacrificio, ignorando el derecho de su ciudadanía a disfrutar de una calidad de vida y un medio ambiente saludable que le viene siendo negado desde hace 38 años”, es por ello que no ceja en su empeño de conseguir frenar este sinsentido. Anuncia que en breve se personará en la denuncia penal contra la Mancomunidad Sur que se tramita en un juzgado de Parla. También estudia la posibilidad de recurrir a la Comisión Europea para denunciar la violación de normativa europea ambiental, en materia de residuos y de protección de la Red Natura 2000.
