El movimiento entiende que dicha licencia, fechada el 25 de octubre de 2022, es ilegal puesto que, a la vista de la documentación disponible en los portales de la Comunidad de Madrid y la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Urbano, se desprende:
- Que la licencia no se ha concedido en base al Estudio de Impacto Ambiental y la posterior Declaración de Impacto Ambiental, que son los documentos aprobados por la Comunidad de Madrid y que marcan los límites de la licencia (donde se indica únicamente la tala de 22 árboles en el Paseo de Yeserías) sino en base al Proyecto de Construcción redactado con posterioridad, que no ha sido sometido a información pública y que altera de forma muy importante lo autorizado por la Declaración de Impacto Ambiental. (Este nuevo proyecto es el que indica la tala de 321 árboles en el interior del Parque de Arganzuela).
- Que el Ayuntamiento de Madrid incumple su propia Ordenanza, pues el artículo 3.1 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, de 24 de julio de 1985 del Ayuntamiento de Madrid señala que en el caso de actividades que, según la Ley 10/91 de la CAM, requieran Declaración de Impacto Ambiental previa a su autorización, se fijarán las condiciones exigibles a través de este procedimiento, cuyo contenido es vinculante para el órgano que concede la licencia. Sin embargo, en este caso el Ayuntamiento se ha saltado la Declaración de Impacto Ambiental y ha utilizado un documento que no es el que dice dicha Ordenanza.
- A la vista de la documentación de la que disponen los vecinos, consideran que o bien la Comunidad de Madrid ha engañado a los técnicos municipales que tenían que informar la licencia, remitiendo una información que no se ajusta a la realidad, o bien dichos técnicos no han hecho bien su trabajo o la licencia se ha concedido sin informe de los técnicos.
Junto con la interposición del recurso, se solicita la medida cautelar de suspensión de la licencia municipal, pues la tala de los árboles estaba prevista dentro de los tres primeros meses desde el inicio de las obras, cosa que ya ha ocurrido, dado que se ha vallado la zona y se están haciendo excavaciones alrededor de los árboles, por lo que los vecinos temen que el derribo de los ejemplares se lleve a cabo de forma inminente.
Si eso ocurre, la situación sería irreversible, un daño no reparable para el entorno de miles de vecinos desde un punto de vista ambiental. Expertos consultados estiman que los ejemplares amenazados a lo largo de su existencia han capturado al menos 430.000 toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones contaminantes de 86 personas adultas en 2021. Con su tala, se produciría una notable reducción de este servicio ambiental, ya que se tiene previsto sustituirlos por ejemplares de 14/16 centímetros de perímetro , es decir, de cuatro años de edad. Si se plantaran el mismo número que se quiere talar, en los próximos 30 años capturarían unas 137.000 toneladas menos de CO2 que si se mantuvieran los árboles actuales. Para no perder esa capacidad de absorción de contaminación, tendrían que reponerse en la misma superficie un total de 776 ejemplares, lo cual es técnicamente inviable por falta de espacio en ese lugar.
Por todo ello, unido a lo flagrante de la infracción jurídica y el perjuicio para los vecinos y las vecinas del barrio y la ciudadanía en general, los vecinos piden al juez la paralización de la tala.
