No lo decimos nosotros, ya lo dijo en 2011 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) que reiterando el compromiso de sus Estados miembros en preservar el medio ambiente y la salud ambiental, les instó a reducir la exposición a campos electromagnéticos: proteger a niños y jóvenes considerando su mayor fragilidad; campañas de información sobre los riesgos de sus efectos biológicos; primar centros de enseñanza sin WIFI ni móviles; disminuir los límites de exposición (en interiores y exteriores) considerando que sus efectos acumulativos y ubicuos van a acompañarnos durante toda la vida, …” De esta manera comienza un comunicado sobre el Mobile World Congress que hoy hace público la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), de la que forma parte la FRAVM.

Y es que, según su parecer, ya no se puede negar el amplio consenso profesional  que identifica muy diversos problemas de salud con el uso precoz e inmoderado de estos dispositivos, en ámbitos tan diversos como el bioelectromagnetismo, la biología, la medicina, la pediatría, la psicología, la psiquiatría, las conductas adictivas, la pedagogía, la neurología, la obstetricia, la óptica o la seguridad vial.

Organizaciones profesionales del ámbito de la salud (que representan a un colectivo aproximado de medio millón de personas), así como agencias sanitarias y administraciones de unos 40 estados ya difunden o aplican medidas para reducir la contaminación electromagnética, tales como como límites menores de exposición o la difusión de consejos sencillos de uso prudente atendiendo a la mayor vulnerabilidad infantil y juvenil. Países como Francia, Chipre, Israel (y ayuntamientos como Hospitalet o Haifa), han eliminado el Wifi en escuelas infantiles o limitan su uso en los centros de primaria y secundaria.

Recientemente, un tribunal regional italiano obligó a los ministerios de Salud, Educación y Medio Ambiente a informar sobre los riesgos potenciales de las radiofrecuencias (RF) y Francia amplió en el actual curso escolar la prohibición del uso del móvil, algo que data de 2010.

Afortunadamente, “constatamos como la sensatez se impone y los usuarios se protegen de las emisiones de sus teléfonos móviles alejándolos de sus oídos, sin esperar los resultados de los estudios. Más aún, considerando las malas prácticas de la industria, puestas de manifiesto con el escándalo Phonegate”. “Este escándalo -continúa la PECCEM en un comunicado- es especialmente grave si recordamos que en 2011, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) de la OMS clasificó las radiofrecuencias (RF) como “posible carcinógeno en humanos” (categoría 2B), recordando riesgos ya anunciados en estudios anteriores como el Reflex”.

Desde 2011, diferentes paneles científicos consideran justificado clasificar estas RF como categoría 2A o directamente como cancerígenos (categoría 1) ante nuevos estudios epidemiológicos en humanos, y dos macroestudios experimentales en animales expuestos a emisiones reales presentados en 2018 en EEUU (el Programa Nacional de Toxicología –NTP-) e Italia (Instituto Ramazzini), con un aumento en la incidencia de tumores del mismo origen citológico que los observados en usuarios de móviles: el NTP (tras su revisión por un amplio panel de expertos)  habla de “clara evidencia carcinógena”, y el Instituto Ramazzini ya considera directamente obsoleta la actual clasificación carcinogéna en humanos.

Conflictos de interés

El Consejo de Europa y el Comité Económico y Social Europeo han puesto de relieve los conflictos de interés, denunciados por científicos y la sociedad civil, detectados en los comités científicos o consultivos en relación con los límites vigentes de radiofrecuencias (grupo de trabajo de la OMS, ICNIRP, SCENIHR, CESE, CCARS …), límites basados solo en criterios térmicos y de corto plazo, obviando los bioefectos.

Una muestra del trabajo lobista de la industria de la telefonía es el mencionado caso “Phonegate” (2017), que supuso la ocultación de los datos que mostraban la superación de los límites legales de la tasa SAR de casi el 90% de los móviles testado en Francia. El descubrimiento de este fraude contra la salud pública conllevó a las consecuentes actuaciones legales.

El 5G y el internet de las cosas

Al cuestionamiento científico (y de la Agencia Europea de Medio Ambiente y del Consejo de Europa) de los actuales niveles de exposición de RF, se añaden los llamamientos científicos contra el despliegue del 5G a nivel europeo e internacional (apoyado por más de 400 científicos). El propio SCHEER (comité científico asesor de la Comisión Europea), que no fue consultado previamente sobre las implicaciones del despliegue del 5G, lo calificó en diciembre de 2018 como un problema de salud y ambiental emergente de “máxima prioridad”, alertando de que la influencia del 5G no ha sido aún estudiada, tal y como acaba de confirmar la propia industria de la tecnología inalámbrica en sus declaraciones en el Senado de EEUU el pasado 6 de febrero.

Las organizaciones sociales que conforman la PECCEM defienden que en eventos como el Mobile World Congress se potencie el desarrollo de dispositivos biocompatibles, y se alerte de los riesgos del uso precoz, innecesario y continuo de las tecnologías inalámbricas, educando sobre cómo racionalizar su empleo.

La PECCEM apela a las recomendaciones del Parlamento Europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente y, especialmente, del Consejo de Europa (ya recogidos por diferentes parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos), para aplicar el principio de precaución en materia de contaminación electromagnética, de obligado aplicación por las administraciones públicas, tal y como recoge la Ley General de Salud Pública. Recomendaciones desarrolladas en el  Manifiesto Europeo por  una  regulación  de  la  exposición  a  los  campos  electromagnéticos  (CEM)  que proteja realmente la salud pública con apoyos de científicos, investigadores y expertos, colegios y asociaciones profesionales, y representantes de  organizaciones de la sociedad civil (defensores de la salud, consumidores, vecinos, ambientalistas, ecologistas, sindicalistas, madres y padres, personas afectadas de síndromes de sensibilización central   y  de  tumores  cerebrales…), procedentes de 26 países.

Imagen: La Directa