La tecnología de 5ª generación (el 5G) ya está aquí. Gracias al impulso de grandes compañías de telefonía como Vodafone, que la venden como una auténtica revolución para la conectividad, ha comenzado a expandirse en todo el mundo. Sin embargo “llama la atención que, a pesar de los riesgos evidentes que conlleva esta tecnología no haya sido sometida a un estudio de impacto en la salud, como prescribe la Ley General de Salud Pública respecto a los campos electromagnéticos (CEM), lo cual revela una mayor preocupación de los poderes públicos por la conectividad digital y su introducción en el mercado que por la salud de las personas”, sostiene la Comisión de Antenas de Telefonía y Contaminación Electromagnética de la FRAVM.
Las asociaciones vecinales no entienden como una tecnología que produce una potencia “mil veces mayor que la actual” no ha sido aún adecuadamente estudiada en términos de afección en el cuerpo humano, a pesar de las recomendaciones de buena parte de la comunidad científica. En una carta remitida a la Comisión Europea en septiembre de 2017, 180 médicos y científicos de 36 países, además de demandar una moratoria a la implantación de la 5G por sus posibles efectos negativos en la salud, solicitaron que los instrumentos que producen ondas electromagnéticas emitan con la mínima potencia imprescindible, que es la que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda como umbral de protección de las personas en su Resolución 1815 de 2011. Literalmente, este texto instaba a los estados a “tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en particular la exposición en niños y jóvenes”, así como “la aplicación del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), es decir, el nivel tan bajo como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta no sólo los llamados efectos térmicos, sino también los efectos atérmicos [no térmicos] o biológicos de la emisión o radiación de campos electromagnéticos” y “mejorar los criterios de evaluación de riesgos y la calidad de la evaluación mediante la creación de una escala estándar de riesgos”.
Posteriormente, el año pasado más de 100.000 personas, entre las que se encuentran investigadores, médicos y asociaciones de 187 países firmaron un nuevo llamamiento científico en el que piden a la OMS y a la ONU que frenen la implantación de la 5G hasta que quede demostrada su inocuidad.
Al margen de la comunidad científica y médica, en los últimos tiempos se han constituido más de 150 movimientos en todo el mundo que reclaman esta moratoria. En España, uno de sus baluartes es la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética, en la que participa la FRAVM desde su creación. Hace más de un año esta red de organizaciones vecinales, ecologistas y de defensa de la salud ya alertó de que el Plan Nacional del 5G se iba a poner en marcha sin cumplir los requisitos legales y, desde luego sin que se hubiera realizado una evaluación de impacto sobre la salud, algo que aún estamos esperando.
Por todo lo anterior, la FRAVM llama a concentrarse el próximo lunes ante el Ministerio de Sanidad, al que reclama que decrete una moratoria a la implantación de esta nueva tecnología hasta conocer si tiene efectos perjudiciales para la salud de las plantas, los animales y los seres humanos.
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