Las plataformas de personas afectadas por la contaminación electromagnética y asociaciones vecinales de todo el Estado español se han unido al llamamiento de 180 médicos y científicos de 36 países que exigen a los poderes públicos la regulación, a la baja, de la potencia de las ondas electromagnéticas emitidas por aparatos digitalizados y antenas de telefonía móvil. En una carta remitida a la Comisión Europea en septiembre de 2017, estos expertos, además de demandar una moratoria a la implantación de la tecnología 5G por sus posibles efectos negativos en la salud, solicitan que los instrumentos que producen ondas electromagnéticas emitan con la mínima potencia imprescindible, que es la que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda como umbral de protección de las personas en su Resolución 1815 de 2011. Literalmente, este texto insta a los estados a “tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en particular la exposición en niños y jóvenes”, así como “la aplicación del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), es decir, el nivel tan bajo como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta no sólo los llamados efectos térmicos, sino también los efectos atérmicos [no térmicos] o biológicos de la emisión o radiación de campos electromagnéticos” y “mejorar los criterios de evaluación de riesgos y la calidad de la evaluación mediante la creación de una escala estándar de riesgos”.
Son muchos los estudios científicos que desde hace décadas instan a esta regulación, “ante el riesgo de que la tecnología inalámbrica pueda generar un aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres, daños en el desarrollo de las personas en etapa infantil o adolescente, daños genéticos y del sistema reproductor, déficit del aprendizaje y la memoria y efectos negativos en el bienestar y en animales y plantas”, sostiene la Comisión de Antenas de Telefonía y Contaminación Electromagnética de la FRAVM en un comunicado que ha hecho público con motivo de la manifestación de este sábado. Una regulación que se hace más necesaria ahora ante la avalancha del nuevo modelo 5G, que va a emitir en un rango de frecuencias más altas, con el consiguiente aumento del peligro para las personas por la emisión de ondas milimétricas.
Por eso, una parte importante de la comunidad científica, representada por esas 180 personas investigadoras y médicas, reclama una moratoria en la implantación de la 5G y el establecimiento de “todas las medidas razonables que protejan a la población expuesta a la contaminación electromagnética, utilizando alternativas como la emisión por cable, ya implantada en Francia para la protección infantil, a la que se ha sumado el Reino Unido con medidas similares”. En España, en cambio, se ha avanzado muy poco en la aplicación de algo tan elemental como el principio de precaución, como evidencian los proyectos piloto de uso de la 5G en Segovia y Talavera de la Reina, que a iniciativa de Telefónica se van a po
ner en marcha “sin haber pasado siquiera por las preceptivas evaluaciones de impacto ambiental y de impacto en la salud”, indica la citada comisión de la FRAVM.
El pasado domingo, 24 de junio, tuvo lugar una concentración en la ciudad toledana para protestar por este hecho, y el día 16 del mismo mes se organizó en Segovia una cadena humana para reclamar transparencia en el despliegue de la tecnología 5G en la localidad. Este acto se produjo en el marco de las I Jornadas científicas “5G, medioambiente y salud” que reunieron en la capital castellana a decenas de científicos y activistas por el derecho a la salud. Personas de la Comisión de Antenas de la FRAVM participaron tanto en las dos manifestaciones como en este importante encuentro.
En otro orden de cosas, la comisión se felicita por la aprobación, la semana pasada, en la Asamblea de Madrid de una Proposición No de Ley (PNL) que “insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que la Consejería de Sanidad realice un estudio epidemiológico que evalúe la incidencia de la exposición a los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas que habitan o trabajan” en Fontarrón, barrio de Puente de Vallecas que presenta una altísima concentración de antenas de telefonía móvil. El segundo punto de la PNL insta al Gobierno central a que “presente ante el Congreso de los Diputados un nuevo Proyecto de Ley de Telecomunicaciones que recoja y aplique las recomendaciones de la Resolución 1815, de 27 de mayo de 2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”, relativa al “principio de precaución”.
