En otros muchos lugares de nuestra geografía se llevarán a cabo concentraciones a las 12:00 con minutos de silencio.
En el año 1996 nació la iniciativa de celebrar el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Su propósito es promover el cuidado del medio ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños que generan los ruidos y la contaminación acústica en la salud de las personas, animales y bienes. Se celebra cada año a nivel mundial, el último miércoles del mes de abril.
En 2023, por primera vez en España, nos hemos unido como CAMPAÑA CONTRA EL RUIDO 2023 múltiples organizaciones de carácter social, comprometidas con la defensa del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente urbano más saludable, con el objetivo de que se reduzca el ruido y la contaminación acústica. Entre estas entidades está la CEAV, en la que participa la FRAVM.
La Unión Europea, a partir de 2002 (Directiva 2002/49/CE) dio instrucciones a los países miembro para tomar medidas al respecto. En consecuencia, España promulgó la Ley del Ruido en 2003 y posteriormente los Reales Decretos que la desarrollan. La sentencia 16/2004 de 23 de febrero del Tribunal Constitucional fijó los fundamentos de derecho, que posteriormente recogieron todas las
sentencias en esta materia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en varias ocasiones. El balance es muy claro: en 2022 se cumplen 20 años de sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de toda la geografía de nuestro país condenando este contaminante, evidenciando así la tortura continua a la que estamos sometidos los ciudadanos.
La contaminación acústica y la exposición al ruido vulnera derechos constitucionales tales como el derecho a la intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a un medio ambiente
adecuado, el derecho a la integridad física (el ruido puede ser tortura), el derecho a la libre elección de domicilio y el derecho a la salud. La emisión de ruidos y vibraciones que superan los límites permitidos puede ser constitutiva de delito medioambiental.
El derecho a la libertad de circulación (art. 19 CE) es vulnerado reiteradamente por la ocupación de la vía pública por terrazas y por personas que obstaculizan los itinerarios peatonales, impiden el descanso y obligan a los demás a vivir con un ruido constante bajo sus ventanas. No se trata de imponer el absoluto silencio para vivir en comunidad, pero la convivencia en los municipios no puede suponer la sumisión a una tortura acústica.
La situación del ruido en España continúa empeorando año tras año. Según el Instituto de Salud Carlos III, solo en la Comunidad de Madrid se le atribuye, a corto plazo, al ruido de tráfico unos 6.000 ingresos urgentes al año, lo que supone un coste de 83 millones de €/año. Y para mayores de 65 años, el ruido del tráfico se relaciona con unas 280 muertes/año por causas circulatorias, es decir, que, en Madrid, a corto plazo, hay 500 muertes/año por el ruido del tráfico. El Instituto de Salud Carlos III ha indicado recientemente que “el ruido es una variable relacionada con los ingresos hospitalarios de salud mental de urgencia en general para todos los grupos de edad y para las mujeres de forma independiente, y supone un porcentaje de ingresos anuales atribuibles a esta variable en Madrid del 5,5% del total.” Las cifras a nivel estatal suben exponencialmente si incluimos el resto de fuentes de ruido y emisores acústicos, que sufren a diario las personas, además del tráfico.
La OMS indica que más de mil millones de jóvenes están en riesgo de padecer pérdida auditiva. El ruido se ha relacionado con la demencia, ictus, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, absentismo laboral y escolar, depreciación de viviendas, y un largo etcétera. El ruido mata.
Es urgente un debate social sobre el ruido y la contaminación acústica. Nuestra salud está en juego.
Existen instrumentos y técnicas disponibles para reducir y evitar este contaminante que deben aplicarse sin demora, y hay soluciones que pueden satisfacer a los sectores afectados. Los emisores
contaminantes acústicos deben resolver el problema en origen, en la fuente, con un adecuado aislamiento y acondicionamiento. Aun así, hay fuentes de ruido incompatibles con zonas residenciales y la distancia del foco ruidoso es la única solución posible.
Sin el respaldo del conjunto de las fuerzas políticas y de la ciudadanía las medidas no serán efectivas ni sostenibles. Las Administraciones Públicas deben trabajar en planes de acción para conseguir ciudades más saludables, integradoras y sostenibles, siendo la contaminación acústica uno de los problemas más graves y urgentes a tener en cuenta, un veneno invisible.
Para mejorar y reducir el problema es necesario que haya voluntad política y una aplicación efectiva y ágil de la ley.
Con ruido no hay calidad de vida ni salud. Debemos concienciar sobre los efectos del ruido con el objeto de que se produzcan cambios en el comportamiento de las personas. La CAMPAÑA CONTRA EL RUIDO 2023 hace un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas, a las entidades privadas, a la Administración Pública y autoridades, para que cumplan con sus obligaciones y desde sus competencias, informen a los ciudadanos de los peligros que genera la exposición al ruido y contaminación acústica a corto y largo plazo. Y para que cada uno de nosotros respete los derechos de los demás, defienda los suyos y seamos conscientes de que está en juego nuestra salud y nuestra pacífica convivencia.
