La plataforma se había marcado un periodo de tres meses para lograr su objetivo, pero solo ha necesitado una semana, todo un hito de solidaridad entre personas, colectivos y movimientos sociales que luchan por defender los servicios públicos.
Recordemos que el TSJM, tras rechazar el citado recurso, condenó a la FRAVM, que lo presentó en el nombre de la plataforma, a pagar las costas judiciales del proceso. El papel de la federación en la interposición del recurso se inscribe en la lucha que desarrolló con la plataforma para paralizar la privatización del Canal y que logró movilizar a decenas de miles de personas.
Desde sus inicios en septiembre de 2010, la PCPCYII articuló su actividad en torno a tres ejes de trabajo, la denuncia y movilización contra la privatización del Canal, la incidencia ciudadana y, finalmente, la incidencia política e institucional. En el contexto del tercer eje se inscribió la decisión de utilizar todas las acciones legales posibles para detener el proceso de privatización.
A partir de 2011, el Canal de Isabel II empezó una campaña de presión hacia los ayuntamientos de la región para que suscribieran los convenios de integración en un nuevo modelo, como paso previo a la constitución de una sociedad anónima que debería asumir la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento en la Comunidad de Madrid. Esta empresa era la que estaba previsto privatizar, como se preveía en la hoja de ruta que el gobierno de Esperanza Aguirre había concretado en la Ley 3/2008 de 29 de diciembre de 2008, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Ante esta situación, la Plataforma decidió recurrir legalmente las firmas de estos convenios en aquellos casos de gran peso simbólico o demográfico y en los que se tenía constancia de la existencia de irregularidades significativas. Para ello, a partir de 2012 se designaron a las organizaciones Attac, Ecologistas en Acción y la FRAVM para interponer los recursos pertinentes ante los juzgados de los contencioso-administrativo de Madrid. En total se interpusieron doce recursos, de los que tan solo el relativo a Madrid interpuesto por la federación vecinal siguió su curso, por decisión expresa de la plataforma, en atención a la importancia que se le daba al caso de la capital.
Este recurso fue derivado en abril de 2013 a la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM, que emitió su fallo el 21 de julio de 2016 desestimándolo en su integridad y condenando a la FRAVM al pago de las costas procesales, que fueron tasadas en 6.841 euros.
