Lo han hecho al entender que, después de permanecer más de 70 días sin este servicio básico, la Comunidad de Madrid y las administraciones que suscribieron el Pacto por la Cañada Real, así como la entidad suministradora de electricidad Naturgy han podido incurrir en “un delito de prevaricación administrativa, vulneración del interés superior de los menores que se encuentran sin luz, de los derechos a la salud e integridad física de las personas afectadas, de coacciones, así como, protección de la salud de las personas y de los menores”.

En su denuncia, los colectivos vecinales, que cuentan con el apoyo cerrado de la FRAVM, recuerdan que esta situación afecta a unas 4.000 personas, de las cuales son 1.812 son menores, que se encuentran “no sólo en plena situación de pandemia por Covid-19 con las necesidades que ello genera, sino en la estación de invierno con temperaturas muy frías, así como en curso escolar con las necesidades que lo anterior genera”. En las últimas semanas, varios niños y niñas del barrio han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios por hipotermia e intoxicación.

A pesar de la gravedad de la situación, las administraciones han preferido hasta la fecha mirar para otro lado, y por ello los colectivos del Sector 5 solicitan al Ministerio Público iniciar “ las actuaciones que en derecho convengan mediante la oportuna querella o solicitud de incoación de procedimiento de instrucción, así como las investigaciones oportunas y específicamente requiera de forma urgente, expresa e inmediata a las Administraciones Comunidad de Madrid y Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para La Cañada Real Galiana y Naturgy a los efectos de reestablecer de inmediato el suministro eléctrico al sector 5 conforme corresponde”.

A las puertas de la sede de la Fiscalía, Cristina Pozas, portavoz de la Asociación Vecinal Al Shorok-Amanecer, ha aclarado que el problema “no se debe a la sobrecarga, sino a una reducción de potencia por parte de Naturgy, bien por orden o autorización de administraciones, en las torretas que suministraban energía a la zona de las viviendas y por ello pedimos que se investigue, pues no suscribimos el argumento de la Comunidad de Madrid”. De hecho, Pozas ha exigido a Isabel Díaz Ayuso “una rectificación pública sobre la criminalización que hizo en el Pleno de la Asamblea de Madrid a todas los madrileños y madrileñas que vivimos en Cañada Real”.

La representante vecinal ha sugerido que el corte de luz “es un plan organizado e intencionado para expulsarnos de nuestras casas, pues el territorio donde están proyectados los planes urbanísticos de Madrid es el suelo que actualmente ocupan nuestras viviendas”. Los moradores de la Cañada se hallan rodeados por los nuevos PAUS de Berrocales, Ahijones y Valdecarros.

Pero sobre todo ha insistido en la vulneración de los “derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes” que se está produciendo con el corte de suministro, algo que también ha reconocido el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, que visitó la Cañada Real el pasado 18 de diciembre. Por todo ello “venimos a solicitar a Fiscalía que investigue, y resuelva por si estuviesen incurriendo en delito penal. Exigimos el restablecimiento del suministro básico ya”, ha concluido Pozas, que ha estado acompañada en todo momento por Raúl Maíllo, el abogado de la FRAVM que ha presentado la denuncia.