Así, desde el pasado mes de febrero 2017 ha habido una clara tendencia a la disminución del número de familias perceptoras de RMI: “en diciembre de 2017 fueron 729 menos que en diciembre de 2016 y 1.048 menos que en enero de 2017”.
Además, “se ha hecho uso abusivo y arbitrario de las suspensiones cautelares del cobro de la prestación, dañando a las familias afectadas”, cuyo número se eleva a 3.525, un 47% más que en 2016, esto es, 1.119 suspensiones “preventivas” más.
También “se ha restringido la concesión de la RMI”: en 2017 el Gobierno regional ha admitido más resoluciones iniciales que en 2016, pero las concedidas han sido 2.270 menos. En 2016 estas representaron el 50% de las resoluciones iniciales, mientras en 2017 han sido un 34% (un 28% en el segundo semestre y un 26% en su cuarto trimestre).
A tenor de estas cifras, RMI Tu Derecho pide a la Consejería de Políticas Sociales y Familia una explicación: “¿Por qué este cambio de rumbo respecto a 2016 si no ha habido cambios normativos? Esperamos que nadie caiga en la tentación de presentar la disminución de las familias perceptoras de RMI como “feliz” consecuencia de una disminución de las necesidades sociales, cuando en la región hay muchas más personas en pobreza severa que beneficiarias de la RMI”, indica la red ciudadana.
A tenor de la plataforma, “en 2017 se han utilizado prácticas y criterios de gestión más restrictivos y a veces arbitrarios o irregulares, con el implícito objetivo político de limitar el número de prestaciones y el presupuesto ejecutado”. Este aumentó un 32% en 2016 y sólo un 5% en 2017, pero la nómina de este mes de diciembre 2017 ha sido “casi 200.000 euros menor a la de un año antes, mientras que la de enero de 2017 había sido casi tres millones de euros superior a la de enero de 2016”.
“Atribuyen a las familias ingresos no computables según el reglamento vigente, como las ayudas de emergencia de familiares y amistades; hacen suspensiones cautelares por “posesión” de propiedades… vendidas hace muchos años, o por tener un ingreso en cuenta… que era la propia RMI del mes; han pedido certificaciones del SEPE a niños de 13 años y han denegado la prestación por abandono de empleo a mujeres que se tuvieron que acoger con sus hijos en un centro de la propia Comunidad de Madrid. Y hay muchos más disparates”, critica la plataforma, antes de aclarar: “este delirio restrictivo sería ridículo si tal imprudencia no causase tanto y tanto dolor. Especialmente dañinas están siendo las suspensiones cautelares, que implican quedarse de repente sin unos ingresos de supervivencia y sin que en la notificación, si se recibe, haya información adecuada sobre las causas, por lo que en muchos casos es imposible saber por qué te han quitado [la RMI] salvo que en el Centro de Servicios Sociales puedan aclarártelo. Además, mientras dure la suspensión cautelar también se pierden derechos adicionales, como la financiación pública plena de los medicamentos”, puede leerse en el citado comunicado.
La plataforma denuncia también las dificultades de las familias para obtener información y asesoría para responder adecuadamente y a tiempo a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, que descarga esa tarea sobre los Centros de Servicios Sociales municipales (CSS), desbordados en estos momentos “porque el Gobierno de España no permite a los ayuntamientos contratar trabajadoras y trabajadores sociales”. Por ende, los servicios gestores de la RMI en la Comunidad de Madrid ignoran con frecuencia las consultas y los informes sociales procedentes de los CSS.
¿A quién preguntas si recibes una carta de la Comunidad de Madrid dando 10 días de plazo para algo que no entiendes y en el CSS sólo te dan cita para dentro de dos meses? Entre las familias afectadas crece la sensación de indefensión y de estar ante una maquinaria administrativa que no protege sus derechos sino que los tritura. Todas las entidades y colectivos de intervención social saben perfectamente que esa es la situación.
En consecuencia, la red RMI Tu Derecho exige a la Comunidad de Madrid el fin de estas arbitrariedades, “que proteja el derecho a la RMI, que difunda la existencia de ese derecho y ponga servicios de apoyo a las personas solicitantes, que facilite la labor de los Centros de Servicios Sociales en vez de ahogarles, que mejore la normativa atendiendo a las propuestas razonables que se la han hecho desde la sociedad”. Además, reclama al Gobierno central que cancele toda limitación a la contratación de trabajadoras y trabajadores sociales, servicio esencial en una sociedad tan desigual como la actual. Y pide a las y los aldaldes(as) de los municipios de la región que tomen cartas en el asunto, “que no se resignen al derrumbe de los servicios sociales, que protejan y escuchen a sus vecinas y vecinos y que no permitan que desde la Comunidad de Madrid se desprecie e ignore a las trabajadoras sociales. Si callan, otorgan”, apostilla la red.
