“Queremos manifestar públicamente nuestra indignación y el más rotundo rechazo a la decisión del gobierno del Partido Popular de aplicar el 0,25% en la “revalorización” de las pensiones, para 2017, frente a unas previsiones de aumento del Indice de Precios al Consumo (IPC) del 1,5 al 2% en dicho año (en enero ya ha subido un 3%)”. De esta manera arranca un comunicado que los convocantes elaboraron con motivo de la marcha, una acción que forma parte de una jornada de protestas impulsada en diversas comunidades autónomas por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
El incremento aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy supone, para las pensiones mínimas, un “aumento” entre 1,40 a 1,90 euros al mes, pero si se aplicara el previsible aumento de precios del 2%, las pensiones mínimas crecerían entre 11 y 15,7 euros al mes, es decir, diez veces más. La pérdida de ingresos que supone la aplicación del 0,25% es más que notable, para unas pensiones que ya son raquíticas de por sí: más del 50% no llega a 700 euros y muchas de ellas no superan los 400 euros al mes.
Durante esta larga crisis, más del 30% de los hogares han tenido como sustento principal las pensiones de sus mayores, lo que ha evitado que muchas familias caigan en la pobreza absoluta y la exclusión social, especialmente niñas y niños, subraya la coordinadora, antes de continuar: “se habla de crecimiento de la economía, pero a beneficio de unos pocos. Y mientras se siguen recortando los salarios, las pensiones y servicios básicos para la población porque no hay dinero, seguimos pagando el “rescate” de la banca o de aeropuertos y autopistas sin coches ni pasajeros. La corrupción y el latrocinio del dinero público, que se han llevado a espuertas, continúan perdidos en juicios que se eternizan sin que nadie devuelva lo que ha robado, y muy pocos pisan una cárcel”.
La coordinadora aprovechó la movilización para rechazar, una vez mas, los copagos por los medicamentos y otros servicios imprescindibles, que “merman aún más los escasos recursos de las y los pensionistas para cubrir otras necesidades propias o familiares, y que consideramos igualmente injustificables en el caso de personas desempleadas o con bajos ingresos. La sanidad tiene que volver a ser universal, de calidad y gratuita, sustentada por los Presupuestos Generales del Estado y no gravando a quienes más la necesitan”, puede leerse en el comunicado.
“Recuperar la financiación perdida de la Ley de Dependencia es otra de nuestras prioridades, pues no es admisible en una sociedad desarrollada que el 30% de personas con derecho reconocido a un servicio o prestación lleven meses o años en lista de espera e incluso fallezcan sin haberlo recibido, porque para esto tampoco hay dinero”, sostiene la red ciudadana.
Por último, denuncia “el monopolio de las compañías eléctricas y del gas, que especulan con recursos básicos para la supervivencia y calidad de vida de la población, generando pobreza energética que mata, de la misma forma que luchamos contra los desahucios de familias sin otros recursos de vivienda y otros abusos de la banca”.
Organizaciones como las Marchas de la Dignidad y Podemos mostraron su apoyo a la movilización de esta mañana.
Fotos: Coordinadora de Madrid en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
