La FRAVM valora de manera muy positiva el paso dado por Ángel Gabilondo ante este grave problema, y espera que tenga algún efecto en el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, que hasta el momento no ha sido capaz de poner coto a las enormes molestias que las terrazas causan en la vecindad de algunas zonas de la capital. Y es que ni siquiera ha sido capaz de hacer respetar la actual ordenanza de terrazas, una norma de por sí mala y poco garantista para los vecinos y vecinas residentes.
Precisamente el Defensor reclama al Ayuntamiento que “supervise de forma eficaz el cumplimiento, por parte de los titulares de las terrazas de hostelería, de los requisitos establecidos en la Ordenanza para garantizar el descanso de los vecinal”. Para ello, recomienda que se apruebe un plan de inspecciones programadas, sin previo aviso, y que ese plan se combine con inspecciones derivadas de las denuncias de los vecinos.
Además, recomienda que “se habiliten nuevos medios para la inspección de las terrazas, en particular en zonas saturadas y en áreas de protección acústica especial. Y que se faciliten tanto la tramitación de las denuncias y los procedimientos sancionadores, como el restablecimiento de la legalidad urbanística y ambiental”.
Por ende, Ángel Gabilondo recomienda al Consistorio madrileño que desarrolle campañas de concienciación ciudadana para “fomentar comportamientos cívicos en los espacios públicos, especialmente los vinculados al uso de terrazas de hostelería”.
El Defensor del Pueblo se ha dirigido también al Ayuntamiento de Barcelona para que este, igualmente, informe de la aplicación y cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas en la capital catalana.
En un comunicado hecho público ayer, esta institución subraya que “a pesar de la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas de terrazas en ambas capitales, sigue recibiendo quejas de vecinos y colectivos vecinales”.
“La instalación de terrazas exige que se habiliten medios suficientes para asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la normativa y las licencias de actividad, y garantizar así el respecto a los derechos de los vecinos, de manera que las molestias que genera la actividad se reduzcan lo necesario hasta alcanzar niveles soportables. Las actividades que las ciudades ofrecen a sus habitantes y visitantes son una parte del motor económico que las sustentan, pero solo una supervisión adecuada del cumplimiento de las condiciones en las que deben prestarse evitará que los centros urbanos se conviertan en lugares inhabitables, por la imposibilidad de que los vecinos desarrollen su vida conforme a los derechos que la Constitución les garantiza”, asegura el Defensor en su nota.
