El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que los propietarios de los dos millones de viviendas, garajes, trasteros y locales registrados en la capital están obligados a pagar subirá una media anual de 5,75% desde el año 2012 hasta el 2021, el doble aproximadamente que el IPC. Algunas vecinas y vecinos ya han comenzado a recibir la notificación del pago de una contribución que, desde el año 2003, se ha encarecido un 147%.
En la determinación de este impuesto no se considera la capacidad económica de las familias ni se incluyen mecanismos correctores que frenen el impacto del gravamen sobre las familias más desfavorecidas. Se trata, por tanto, de un impuesto alejado de la política fiscal progresiva y redistributiva que defiende el movimiento vecinal para mitigar los desequilibrios sociales. Adecuar este y otros impuestos locales a una política de orden progresivo requeriría la modificación, por parte del Ejecutivo central, de la Ley de Haciendas Locales, una histórica reivindicación del movimiento vecinal que en un momento como el actual -el 21,8% de los hogares españoles se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística- resulta más urgente que nunca abordar.
No obstante, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) recuerda que los ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, pueden modificar el tipo a aplicar para mitigar el impacto del impuesto de manera que nunca supere el IPC y evitar así restar capacidad adquisitiva a unas familias a las que cada vez cuesta más llegar a fin de mes.
Lejos de hacerlo, ayuntamientos como el de Madrid han decidido mantener la presión fiscal al tiempo que aplican voraces recortes en los equipamientos públicos y en los servicios sociales.
Los datos a este respecto son contundentes: desde que en junio de 2010 se aprobaron los primeros recortes en los servicios de limpieza, la plantilla cuenta con un millar de barrenderos menos. Durante 2011, el Ayuntamiento de Madrid suprimirá más de 3.300 puestos de trabajo (auxiliares, ingenieros, agentes de movilidad, personal administrativo y policías) a costa de jubilaciones y de plazas públicas que están creadas pero no presupuestadas. A los recortes laborales y el consecuente perjuicio en la calidad de los servicios públicos prestados hay que añadir la existencia en Madrid de equipamientos públicos ya construidos (centros culturales, bases del SAMUR…) que tienen sus puertas cerradas a cal y canto sin prestar el servicio para el que fueron programados y en cuya edificación se han invertido millones de euros. Los servicios sociales, un área que en período de crisis debería fortalecerse para responder a las necesidades de las familias más desfavorecidas, han sufrido también un contundente ataque: las ayudas públicas destinadas a financiar los proyectos de entidades socioeducativas han caído un 50%. Uno de los siete centros municipales de apoyo a las familias que atendía a la población de Ciudad Lineal, San Blas, Barajas y Hortaleza ha cerrado sus puertas. Tampoco las actividades culturales que se desarrollaban en las bibliotecas han escapado a unos “ajustes presupuestarios” que han salvado, sin embargo, operaciones tan necesarias para la ciudadania como las obras del Palacio de Cibeles, que han detraído de las arcas públicas casi 125 millones de euros.
Por todo ello, la FRAVM convoca una recogida de firmas contra la subida del IBI y los recortes sociales municipales que tendrá lugar el jueves 27 a las 17.30h en la Puerta del Sol. Las firmas, que serán recogidas en un papel continuo, serán trasladadas posteriormente a la sede del Ayuntamiento de Madrid para que quede constancia de que la ciudadanía “empapela” al Ayuntamiento por su mala gestión de los recursos públicos.
