Por eso, a pesar de la demora, la FRAVM saluda el acuerdo rubricado esta tarde entre Fomento y el Gobierno regional, con la esperanza de que en un futuro no muy lejano se amplíe el número de barrios de municipios de la Comunidad que puedan beneficiarse de financiación pública para ser adecuadamente rehabilitados. Además, exige el abono urgente de las deudas a las familias procedentes de planes de rehabilitación anteriores a 2012.
Con objeto de resolver una problemática que afecta a unas 20.000 familias y corre el riesgo de perpetuarse en el tiempo, la organización ciudadana reclama a Cifuentes que en primer lugar repare las deudas millonarias relativas a ayudas y subvenciones a la rehabilitación de viviendas y a la instalación de ascensores de planes anteriores a 2012. El volumen de esta deuda asciende a unos 10 millones de euros que los hogares, casi siempre de rentas modestas, adelantaron para ejecutar obras de mejora de sus inmuebles, confiados en que la Administración regional cursaría las ayudas comprometidas en un plazo razonable.
Pero en junio de 2012, con la crisis como sacrosanto argumento, el Gobierno de Esperanza Aguirre sacó adelante una norma, la Ley 4/2012, en la que, entre otros recortes de derechos sociales, aprobó dos medidas (Artículo 20): la primera, no pagar el tramo autonómico de las subvenciones a las familias que, en el marco de los planes de vivienda estatales y regionales, habían rehabilitado sus viviendas en los años anteriores. La segunda, bajar de 50.000 a 15.000 euros las subvenciones a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores en edificios de tres y más alturas que carecían de él.
Ambas medidas -en una descarnada vulneración del principio de irretroactividad de las leyes- son las que han generado la citada deuda de 10 millones de euros. Por ello, la FRAVM, a la cabeza de las asociaciones vecinales de los barrios afectados por estos impagos (como Los Pinos de San Agustín y la Colonia Urpisa en Puente de Vallecas, Ciudad de los Ángeles en Villaverde o Manoteras en Hortaleza), considera necesario y urgente la derogación del infausto artículo 20 de la Ley 4/2012. Solo de esta forma se podrá hacer justicia con las familias damnificadas y los planes de rehabilitación podrán recuperar su credibilidad y fiabilidad. ¿Qué nuevas comunidades de vecinos se van a embarcar en las costosas obras de regeneración de sus edificios y viviendas si no están seguros de que cobrarán las ayudas públicas prometidas?
La Federación vecinal espera que el nuevo Ejecutivo regional mejore la nefasta gestión de la rehabilitación desarrollada por los gobiernos de González y de Aguirre. Hay que recordar que de 2008 en adelante no se aprobaron nuevos proyectos de rehabilitación, aun cuando, según nuestros datos, se presentaron del orden de 15.000 solicitudes. Muchos de aquellos proyectos tuvieron que ejecutarse ante el mal estado de los inmuebles. En un número importante de casos que tenemos documentados (por ejemplo, del barrio de Meseta de Orcasitas, en la capital) lo hicieron contando con la aprobación y beneplácito verbales de algún responsable del Gobierno autonómico, como Juan Van-Halen, actual Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, bajo la promesa de que “todo se arreglaría sin problemas”. Pues bien, a día de hoy, las familias no solo no han recibido ninguna ayuda, sino que los responsables políticos de entonces se han desentendido por completo y, apelando a que “no hay nada por escrito”, no reconocen derecho alguno a los afectados. La FRAVM en tales casos exige la adopción de las pertinentes medidas de reparación y el pago de las correspondientes subvenciones.
