Aquel día hicieron pública la presentación de denuncias administrativas contra 10.134 VUT irregulares ante la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de Madrid y ahora, tras depurar ese lote y descubrir alguna más, lo hacen ante el Gobierno regional.
De esta manera, tratan de colaborar con la Administración autonómica para que ponga freno a un fenómeno que está provocando graves problemas de convivencia además de contribuir al encarecimiento de la vivienda. No es de recibo que, tal y como ha admitido el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en 2023 solo abriera 525 expedientes y sancionara a 24 pisos turísticos de los 25.000 existentes en la región.
Las asociaciones vecinales de Sol y Barrio de Las Letras, La Corrala de Lavapiés, Las Cavas-La Latina, Retiro Norte, Pasillo Verde Imperial, Delicias para Tod@s, El Organillo de Chamberí y Goya Dalí, que junto a la FRAVM gestionan la citada oficina de afectados, a través de la La Corrala, han registrado esta mañana 21 documentos que recogen los datos de ubicación precisos de las citadas 10.210 VUT supuestamente ilegales de la capital. Como puede verse en el mapa que se encuentra alojado en el sitio web http://desalkila.madrid/, todos estos pisos aparecen en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid pero carecen de la preceptiva licencia de actividad municipal. Funcionan gracias a una Declaración Responsable que podemos calificar de fraudulenta.
En el escrito registrado esta mañana, la FRAVM especifica dos infracciones cometidas por las VUT denunciadas, además de funcionar sin licencia: “las condiciones establecidas en la declaración responsable no se corresponden con la realidad, lo que está calificado como infracción grave por el artículo 58 [del Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid y actualizaciones]”. Además, “se ha aportado información falsa en la declaración responsable, infracción muy grave según el artículo 59″.
Por todo ello, los colectivos vecinales entienden que “no procede el apercibimiento, ya que este está previsto para las infracciones leves”. Y “dado que el promotor de la Vivienda de Uso Turístico denunciada ha cometido al menos una infracción grave y otra muy grave, creo que procede con carácter inmediato la suspensión o cierre por un plazo de cinco años, como sanción accesoria a multa entre 30.001 y 300.000 euros“, puede leerse en la denuncia presentada esta mañana.
Tras esta suspensión, una vez que la Dirección General de Turismo compruebe la imposibilidad de obtener licencia urbanística para la actividad, y por tanto cumplir el citado decreto y la Ley de Turismo, se deberá proceder “a la anulación de la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas y la clausura definitiva del establecimiento”, solicita la FRAVM en su escrito.
De esta manera, las asociaciones vecinales reclaman a la máxima autoridad administrativa de la región que compruebe si los pisos denunciados están o no cumpliendo la legalidad, y de no hacerlo, que inicie los correspondientes expedientes de infracción e imponga a sus propietarios, promotores y/o comercializadores “las sanciones correspondientes, calificadas como muy graves, y con la graduación que corresponda a las situaciones atenuantes o agravantes que sean de aplicación”.
Al igual que sucede con las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento de Madrid, si tres meses después de presentarlas la Comunidad de Madrid no ha iniciado los trámites para restablecer la legalidad, la FRAVM y las asociaciones de la Oficina Vecinal de Afectados por las VUT amenazan con presentar un contencioso administrativo en los tribunales por inacción. Mientras tanto, la FRAVM, a través de la Oficina de Afectados, continuará asesorando y animando a las comunidades de propietarios y a los vecinos y vecinas residentes a protegerse de la invasión de los pisos turísticos. Los datos de contacto y recursos de la Oficina se encuentran en la siguiente dirección web: https://aavvmadrid.org/oficina-vut/
