Las tres entidades componen el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aunque decenas de organizaciones, como CCOO, CGT, Ecologistas en Acción, la Cámara de Inquilinos, Psicólogos sin Fronteras o la Unión de Actores ya han mostrado su intención de participar activamente en la campaña.
La iniciativa, que se registrará en la Asamblea de Madrid este jueves, 16 de febrero, tras meses de trabajo, prevé distintas medidas para facilitar el acceso a la vivienda pública y fomentar la función social de la vivienda, con dos objetivos: paralizar los desahucios sin alternativa habitacional y poner en circulación las cerca de 265.000 viviendas vacías existentes en la Comunidad de Madrid para destinarlas al alquiler social. Para ello, el grupo promotor ha diseñado diferentes medidas que afectarán a los grandes tenedores de vivienda, como los bancos o los fondos de inversión, para prevenir lo que el texto llama “uso antisocial de la vivienda”, que se resume en los 80.000 desahucios vividos en la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2015. “Que antes de llegar al desahucio, estos grandes tenedores tengan que ofrecer una alternativa de alquiler social en la misma vivienda. Y que estén obligados a poner en circulación sus pisos vacíos bajo alquiler social si llevan más de seis meses sin habitar”, ha resumido Alejandra Jacinto, de la PAH. De hecho, la propuesta de ley de los colectivos vecinales y sociales establece sanciones económicas de hasta 600.000 euros y la “cesión forzosa del uso de la vivienda vacía, para su inclusión en el Parque de Vivienda durante el tiempo que dure la sanción”, ante las infracciones muy graves.
Para Vicente Pérez Quintana, de la FRAVM, a la situación de los hogares desahuciados o en peligro de desalojo se añaden los jóvenes con dificultades para emanciparse o la situación de los emigrados, sin posibilidad de retornar entre otras cosas por la carestía de la vivienda. “Se trata de preservar la función social de la vivienda frente a otro tipo de usos”, ha remachado. Algo todavía más necesario, ha recordado, tras los 70.000 millones de euros invertidos en el rescate de la banca. “Es un drama que muchos chavales tengan que volver a casa de sus padres porque no pueden pagarse un alquiler, y también lo es que familias tengan que vivir en 15 metros cuadrados sin luz natural, como ocurre en este barrio [Lavapiés] pero, sobre todo, es un drama que este problema exista y la Comunidad de Madrid no lo vea, y en los últimos años se haya dedicado a mirar hacia otro lado cuando en otras comunidades autónomas como Andalucía se estaban dando pasos para proteger la vivienda”, ha indicado.
En la misma línea, Alejandro Gámez, presidente de la Asociación Libre de Abogados, ha criticado con dureza la inacción legislativa del Gobierno regional, empeñado en defender los intereses de los grandes propietarios, de ahí que la “única norma en la que ha trabajado seriamente sea la Ley del Suelo”. “Los abogados necesitamos una ley autonómica para defender el derecho que todos tenemos a una vivienda; y la ILP persigue precisamente hacer efectivo ese derecho, más allá de la declaración de intenciones que recoge la Constitución“, ha subrayado.
Además de las medidas estrella centradas en evitar los usos antisociales en los que incurre el 1% de grandes tenedores de vivienda, la ley incluye un apartado para prevenir los cortes de suministros y utiliza al máximo las competencias autonómicas en consumo para frenar “los abusos bancarios cometidos con las hipotecas”, según Jacinto. Así, se creará una Agencia de Protección al consumidor con capacidad de investigar y sancionar las conductas abusivas de los bancos tipificadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como otras prácticas abusivas relacionadas con el acceso a la vivienda.
La ILP establece otra novedad: la participación de entidades sociales con experiencia en materia de vivienda, como la FRAVM o la PAH en el organismo principal de gestión de la vivienda pública en la comunidad autónoma, la Agencia de Vivienda Social.
Tras registrar el texto de la ILP este jueves en la Asamblea de Madrid, la mesa del parlamento deberá someterlo a consideración. Una vez que lo admita a trámite, comenzará para los grupos promotores una cuenta atrás de tres meses, tiempo en el que deberán reunir 50.000 firmas de ciudadanos de la región si desean que la ley sea debatida en el pleno de la asamblea legislativa para su aprobación. “Pero vamos a conseguir 100.000 o 200.000”, ha asegurado Nilda Risueño, antes de indicar que en ese tiempo las PAH, las asociaciones vecinales, los grupos de vivienda y decenas de colectivos sacarán a la calle sus mesas de firmas en todos los rincones de la región para lograr este objetivo. “Además, en breve iniciaremos una campaña de microdonaciones con el fin de lograr el dinero suficiente para sufragar la campaña”, ha resaltado.
