La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) han decidido convocar una asamblea ciudadana en plena plaza de Callao para despedir, hasta septiembre, el curso de movilizaciones que, durante meses, han llevado a cabo para llamar la atención sobre el caos provocado por la privatización de la sanidad pública.
Ambas organizaciones denuncian que el Gobierno regional ha hecho caso omiso a la multitud de concentraciones, manifestaciones y paros convocados por las organizaciones ciudadanas y profesionales poniendo así de manifiesto la escasa voluntad del Ejecutivo de Esperanza Aguirre de resolver los problemas que preocupan a la ciudadanía madrileña, entre ellos el empeoramiento de la calidad asitencial de la sanidad pública provocado por la transferencia de recursos públicos a la sanidad privada. En palabras de Pepe Cabanillas, responsable de la comisión de Sanidad de la FRAVM, “la consejería de Sanidad no puede obviar el descontento de las vecinas y vecinos ante unas listas de espera de hasta 10 días para concertar una cita con el médico de cabecera y de hasta 8 meses para obtener una cita con los especialistas públicos y su malestar por el cierre previsto de 1.000 camas de la red de hospitales públicos a raíz de la apertura de los nuevos hospitales privatizados”.
La FRAVM y la ADSPM advierten que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está desmantelando el sistema de sanidad público haciendo uso (y abuso) de su holgada mayoría en la Asamblea de Madrid y bloqueando el diálogo social y cualquier atisbo de participación ciudadana en la gestión de la sanidad pública. Advierten, por tanto, que “la calle es el único espacio donde la ciudadanía puede expresar su descontento y donde las organizaciones ciudadanas podemos hacer públicas nuestras reivindicaciones”:
– un centro de salud público, como mínimo, por cada 25.000 habitantes; un médico de familia por cada 1.200 habitantes y un pediatra por cada 850 niños menores de 14 años.
– una red hospitalaria que garantice un mínimo de 3,5 camas públicas por cada 1.000 habitantes, destinando un número suficiente a camas geriátricas y de salud mental.
