El hecho de que el representante de los fabricantes de automóviles pida en público a las administraciones que entorpezcan la movilidad activa y favorezcan la contaminación, el atasco y la pérdida de espacio público que acarrea el uso masivo del coche es inaudito e irresponsable.
La ANFAC ha presentado al Gobierno su plan “Automoción 2020-40”, elaborado junto a la consultora KPMG, en dicho informe la industria demanda una inversión de 54.000 millones de euros en 20 años y llegan a amenazar con frases como “la falta de actuación[…] produciría un impacto en el PIB español comparable con la crisis del año 2011”. El plan, en su justificativa, está lleno lleno de inexactitudes, falsedades y omisiones de información flagrantes. Omite datos oficiales para favorecer datos de elaboración propia que exageran el papel que juega la industria del coche en la economía española, sobrevalorando la dependencia de nuestra economía a dicha industria.
En 2019 el sector de la automoción aportó el 5% del PIB, pero ya han conseguido el compromiso del Gobierno para pedir a la UE que el 10% del plan de recuperación europeo de la Covid-19 se destine al automóvil. El sector turístico aporta el 15% del PIB del país, la construcción el 14% y el sector sanitario el 12%, pero el gobierno no se ha comprometido con ninguno de ellos como con las exigencias del lobby cochístico. Las industrias culturales aportan el 3,2% del PIB y emplean a 690.000 personas, mientras la automoción aporta el 5% y emplea a 460.000. Asimismo, la automoción ha perdido 49.000 empleos en los últimos 15 años debido a la automatización robótica, una tendencia consolidada y creciente.
Las ayudas a la sustitución de vehículos, según más de media docena de estudios, son subvenciones encubiertas a la industria. Dichos estudios han comprobado que cuando se implementan estos programas los precios de los coches suben, las ventas se adelantan en el tiempo y cuando finalizan hay una caída de ventas. El porcentaje de las ayudas por vehículo sobre el coste total no es suficiente como para estimular la demanda de manera significativa. Estos programas esgrimen el argumento de que favorecerán la sostenibilidad de la automoción porque los vehículos nuevos son más eficientes, pero cuando se ha medido dicho impacto se ha comprobado que el efecto es el contrario, ya que los fabricantes de coches venden cada vez vehículos más grandes y pesados que mantienen, si no empeoran, los elevados niveles de emisiones.
Esto se ve agravado por el hecho de que muchos de estos programas no requieren el achatarramiento de un coche viejo, con lo que el parque automotor aumenta.
Asimismo, en ningún momento tienen en cuenta los daños que genera el uso masivo del coche en nuestro país. Diversos estudios de fuentes académicas fiables, como la Universidad de Dresden, cuantifican los daños por accidentes, contaminación y cambio climático del actual uso del coche en la economía española en 31.729 millones € al año. Solo en accidentes los costes anuales suponen 10.695 millones de €. La aportación directa de la industria del automóvil al PIB en 2019 fue de 15.315 millones € (59.459 millones € si tenemos en cuenta los aportes indirectos). Además, es inasumible que el gobierno español dedique fondos públicos a las actividades que más contribuyen al cambio climático y la destrucción de la biodiversidad y son incompatibles con otras políticas del propio gobierno.
El 84% de la población española vive en ciudades, donde el uso masivo del coche genera atascos y contaminación que comprometen la salud y la calidad de vida de la ciudadanía y lastran la competitividad económica, la atracción de inversiones y de talento. Los coches son los mayores causantes de la contaminación atmosférica que cada año mata a 10.000 personas en nuestro país. Asimismo, la falta de espacios peatonales dificulta la movilidad activa a pie. Y la falta de carriles bici impide que la bicicleta se convierta en una alternativa sana, barata y rápida para la mayoría de los desplazamientos diarios que se producen en nuestro país (los menores a ocho km), en los cuales es muy competitiva en tiempos de desplazamiento en comparación al coche y el transporte público. En este punto nos alejamos de Europa: Francia acaba de lanzar un plan nacional de fomento de la bicicleta con presupuestos de emergencia ya asignados, París está implementando 1.000 km de carriles bici y Reino Unido acaba de anunciar una inversión de 2.300 millones de euros hasta 2025 para infraestructuras peatonales y ciclistas.
Cualquier medida de apoyo a empresas debe estar condicionada a criterios de sostenibilidad ambiental y social. Solicitamos que los fondos públicos sean utilizados ahora más que nunca para generar empleo, proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de servicios públicos y prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos. Si por favorecer la industria del automóvil creamos más externalidades y más presión sobre el sistema sanitario los esfuerzos habrán sido contraproducentes. Las administraciones han de apoyar preferentemente a los sectores que más empleo y de mayor calidad generan, y la fabricación de coches no está entre ellos por número ni por calidad, ya que la principal actividad de la industria en España es el ensamblaje. El número de empleos que crea la industria del automóvil por millón de euros facturado es menor que el de muchos otros sectores y genera menos ventas en los comercios ubicados en zonas donde impera su presencia comparado con aquellas zonas donde predomina la movilidad sostenible a pie, en bicicleta y transporte público.
En el ámbito de la movilidad, pedimos a las administraciones que apoyen fundamentalmente a proyectos y empresas que implementan infraestructuras, diseñan sistemas y fabrican vehículos de movilidad sostenible: a pie, en bicicleta y en transporte público. Son los que garantizan mayor accesibilidad, menor tasa de accidentes, más salud para sus usuarios y resto de la población y generan menores costes por externalidades para el país.
Apoyar a la industria automovilística pondría en serio peligro el objetivo de descarbonización del transporte en 2050. Lejos de proponer condicionantes ambientales a un rescate, la industria del automóvil demanda una rebaja de sus compromisos ambientales y ante estas peticiones se hacen necesarias respuestas firmes.
