Muchas enfermeras de la sanidad pública madrileña, que después de un año durísimo de pandemia hoy se están dejando la piel en la campaña de vacunación contra la Covid-19, han recibido como un auténtico insulto la orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que anuncia la externalización de parte de la campaña a 38 clínicas privadas. En vez de reforzar unas plantillas extenuadas con el fin de propiciar el descanso de sus profesionales y de optimizar al máximo las posibilidades que ofrecen los centros de salud de la red sanitaria pública, el Gobierno regional, aun en funciones, ha optado, una vez más, por la privatización y el desvío de dinero público a la sanidad privada.
Según la Orden 596/2021, de 13 de mayo, de la Consejería de Sanidad, “el estado actual de la estrategia de vacunación en la Comunidad de Madrid requiere disponer de la capacidad de determinados centros sanitarios privados y de su personal (..) para el desarrollo de la campaña de vacunación de tal manera que se permita aumentar la capacidad de dosis y de lograr una mayor eficiencia de los medios disponibles para ello, dado lo primordial que resulta de agilizar dicho proceso para superar la emergencia sanitaria”. La FRAVM, a través de su Comisión de Sanidad, comparte el mismo objetivo que el Gobierno regional, la necesidad de acelerar la actual campaña de vacunación, pero rechaza de plano el método y el modelo para hacerlo.
Desde el inicio de la pandemia, la organización ciudadana ha defendido un modelo para combatirla basado en una Atención Primaria fuerte, con recursos humanos suficientes para la detección y control del virus. Lo hemos pedido de todas las formas posibles (con concentraciones ante los centros de salud, manifestaciones, a través del Defensor del Pueblo…), conscientes de que la Atención Primaria era, y sigue siendo hoy, el principal dique de contención de la enfermedad. Pero en vez de acercarse a nuestra demanda de contratación de al menos 500 nuevos médicos y médicas, 5.000 enfermeras y 600 administrativos (como defienden los propios profesionales de Atención Primaria para que los centros de salud recuperen la calidad asistencial perdida por los recortes de los últimos años), hoy, en un momento en el que los centros de salud están devolviendo lotes de vacunas, la Comunidad de Madrid elige privatizar parte de la campaña de vacunación con grandes compañías como Quirón o Ruber. Llama poderosamente la atención que la orden de la Consejería hable del derecho de estas empresas a ser “indemnizadas” por sumarse al plan de inoculación, como si este hecho les produjere un perjuicio, un eufemismo que sirve para maquillar el empleo de dinero público en beneficio de la empresa privada.
¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid destine dinero de todos y todas a las compañías privadas mientras mantiene cerrados los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y obliga a la vecindad de San Fernando de Henares a movilizarse en la calle cada semana porque carece de pediatras o a la del barrio de Abrantes en Carabanchel porque su centro de salud ha perdido la mitad de los médicos de familia?
Frente a los vacunódromos abiertos en lugares como el Hospital Zendal o el estadio Wanda la FRAVM siempre ha defendido el uso de los centros de salud como pilar de la estrategia de vacunación, especialmente de cara a la población mayor, debido a su proximidad, tanto geográfica como en el trato de sus profesionales hacia las y los pacientes. Coherente con esta línea, la entidad pide a la Consejería de Sanidad que anule la Orden 596/2021 y dé un nuevo impulso a la campaña de vacunación reforzando las plantillas de los centros de salud con el fin de que puedan vacunar todos los días de la semana, en horario de mañana y tarde.
