Mientras el Gobierno continúa desviando millones y millones de euros de dinero público hacia bancos, cajas de ahorro y otras entidades responsables de la actual crisis, en concepto de ayudas, de manera vergonzosa mira hacia otro lado ante el drama de las familias que, cada día, se quedan en la calle en España por no poder hacer frente a su hipoteca o a su alquiler. Su número no cesa de aumentar cada semana, como también lo hace el movimiento de damnificados. En este marco, la semana que viene están previstos siete actos de paralización de desahucios en Madrid: seis, organizados por la PAH (ver http://afectadosporlahipotecamadrid.net), afectan a hogares que no han podido pagar su hipoteca. El sexto, que tendrá lugar el martes 25 de octubre a las 11h, a una familia humilde que únicamente se retrasó en el pago de dos mensualidades de su alquiler. La asociación vecinal Avance de Moratalaz, con el respaldo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y el apoyo de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) ha realizado un llamamiento para que el vecindario se sume a una acción que, con carácter pacífico, tratará de impedir la ejecución del desalojo. Es el último cartucho de una batalla en la que Avance ha tratado de negociar con la propiedad, hasta ahora sin éxito, una salida digna para la familia. “Hemos hablado con la empresa pero no permite renegociar el contrato ni sus condiciones”, asegura Mercedes San Ildefonso, presidenta de la asociación vecinal.
Una injusticia extrema se cierne sobre este caso. El pasado 21 de julio, Lidia Pardo, la persona que se halla al frente de la vivienda, fue citada en el juzgado por impago de dos mensualidades de su alquiler. La mujer, analfabeta y sin conocimientos legales, no se presentó en las dependencias judiciales porque diez días antes había abonado su deuda y pensó que con ello era suficiente. Pero el juez, a instancias de Lazora, una empresa especializada en gestión de alquileres y actual propietaria de la casa, optó por romper el contrato que Lidia mantenía con ella y que la obligaba a pagar 330 euros mensuales. Lazora, que ha comprado a la EMVS la parcela donde reside la familia de Lidia, aprovecha entonces la ocasión y, con el beneplácito del juez, redacta un nuevo contrato que eleva a 500 euros la mensualidad y obliga a la inquilina a depositar un aval de 1.500 euros si quiere permanecer en la casa. Un monto y un incremento del alquiler inasumible para una mujer viuda, con dos hijos menores a cargo y que sólo percibe 400 euros de ayuda social al mes. Estos son los únicos ingresos con los que cuenta para mantener a sus dos hijos y a su madre, ya anciana, que vive con ellos.
La asociación vecinal Avance, que presentará el caso en la asamblea del 15M del barrio este fin de semana, exige la paralización de un desahucio a todas luces injusto e inmoral y, en sintonía con la FRAVM y la PAH, una moratoria de los desalojos en curso.
