La Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica, de la que forma parte la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y que defiende los principios de laicidad del Estado en todos los ámbitos de la vida política y cultural, pone de manifiesto su total desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional que justifica el despido de una profesora de religión católica de Canarias por entender que no respeta el derecho a la igualdad jurídica ni la tutela judicial efectiva de la citada profesora.
Los miembros de la Plataforma considera que la declaración de idoneidad exigida por el episcopado español al profesorado de religión católica para impartir clases en los centros públicos de enseñanza vulnera claramente el derecho a la intimidad y la vida privada de las personas reconocida en los Derechos Humanos y en la Constitución, por cuanto exige de modo ilegítimo un testimonio de vida cristiana a los candidatos al puesto de trabajo, cuando esta circunstancia no influye en absoluto en el juicio sobre su idoneidad académica.
El fundamento jurídico del alto Tribunal introduce un peligroso precedente, al considerar un criterio de despido el código moral del docente que, no obstante, cumple con todos los requisitos académicos para el legítimo ejercicio de sus funciones; por otro lado, la sentencia establece que los Colegios e Institutos públicos pueden ser considerados a estos efectos un tipo de empresas especiales sometidas a otro tipo de legislación laboral basada en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede y no en el Estatuto de los Trabajadores.
Como consecuencia de la existencia de los acuerdos entre el Estado español y El Vaticano se produce el efecto de convertirse el Estado en instrumento vehicular para la aplicación de normas eclesiásticas a trabajadores contratados por las administraciones públicas, lo que evidentemente es contrario al principio de constitucional de separación de los poderes públicos en relación a las distintas confesiones. Por todo ello y atendiendo al principio de laicidad del Estado que exige la nítida separación entre las Iglesias y el Estado, pedimos al Gobierno la revisión y, en su caso, la derogación de los Acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado español con el fin de que se afirme para siempre la autonomía del poder político frente al poder religioso y la enseñanza de la religión se realice en los centros públicos desde los parámetros de la racionalidad y de la laicidad.
