Más de tres años de crisis financiera y económica han elevado la cifra de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid a 522.100, dejando sin ningún tipo de protección social a más de 175.000. Los niveles de pobreza relativa han alcanzado un 14´5% de la población. En este escenario, no es posible que los principios inspiradores de la política sean los mismos que antes de la crisis actuando como si nada hubiera pasado.
La política desplegada desde el Gobierno regional se ha basado en la devaluación nominal de los salarios y en la reducción de la renta disponible de las familias, deteriorando notablemente el poder adquisitivo de los madrileños y las madrileñas, pero inconcebiblemente en paralelo se ha ido reduciendo la fiscalidad a las rentas más altas y al gran patrimonio, lo que ha supuesto dejar de ingresar más de 15.000 millones de euros en la legislatura que acaba.
Algunos de sus resultados más visibles han sido un incremento del desempleo superior a la media nacional, una creciente brecha de las desigualdades y el estancamiento de la economía. No en vano, Madrid es la región en la que más ha caído el PIB per cápita, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Por todo ello, representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), de la FAPA Giner de los Ríos, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), de CECU-Madrid y de los sindicatos CCOO y UGT presentaron esta mañana la ‘Propuesta ciudadana por otro Madrid’ (ver fichero relacionado), un documento en el que reivindican ‘la importancia de la dignificación de la política y de la participación democrática de la ciudadanía’ y exigen, entre otras medidas de urgente aplicación, la realización de una evaluación ‘independiente y revisión objetiva de la gestión privada de servicios públicos esenciales’, así como la creación de ‘órganos participados y transparentes para el control efectivo de las mismas, que no puedan utilizarse en beneficio particular, partidista y contra el interés general’.
Los datos que describen las consecuencias, en nuestra comunidad, de la privatización de los servicios públicos más básicos, como la sanidad, la educación y, próximamente, la gestión del agua y la televisión pública madrileña; del incumplimiento de la Ley de Dependencia; de la aplicación de una política fiscal injusta para los sectores sociales más desfavorecidos y de la eliminación de los órganos públicos de debate y participación obligan a las diferentes opciones políticas que concurren en las próximas elecciones autonómicas a actuar ‘sobre los problemas reales de las personas’.
