Este megaproyecto urbanístico -que incluye la construcción de 1,73 millones de metros cuadrados de oficinas y comercial, lo que supondría la construcción de más de 20 rascacielos similares a los existentes en Plaza de Castilla y 1,1 millones de metros cuadrados de uso residencial, equivalente a 11.000 viviendas- se gestó en 1993. Más del 80% del suelo es de propiedad pública (Adif-Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid) pero los derechos de aprovechamiento fueron adjudicados, en 1994, a Unitaria, la sociedad inmobiliaria de Argentaria, la banca pública. Tras la privatización de Argentaria, en 1999, pasó a manos del BBVA que junto a la constructora San José constituyeron la entidad mercantil Distrito Castellana Norte (DCN).
Veinticinco años después de su inicio y con decenas de documentos firmados entre Adif y DCN que nunca se han hecho públicos -incluyendo modificaciones sustanciales de las condiciones iniciales del concurso, siempre favorables a la adjudicataria privada- el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento, escenificaron el pasado mes de julio, su apoyo a la nueva operación.
A juicio de los colectivos Plataforma Zona Norte, Ecologistas en Acción, la FRAVM y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, el nuevo proyecto se presenta como algo novedoso, cuando realmente se basa en un modelo de grandes hitos urbanísticos (rascacielos, alguno de ellos el más alto de España y de Europa) ya agotado. Madrid no necesita más alardes urbanísticos vacíos de interés social, requiere una planificación sostenible, transparente y participada; algo que se hurta a la ciudadanía desde hace décadas.
La propuesta Madrid Nuevo Norte, por el contrario, no resuelve las necesidades urbanísticas del entorno, supondría unos gravísimos impactos medioambientales y agudizaría el grave desequilibrio social y territorial de la región madrileña.
Por dichas razones, estas organizaciones ciudadanas consideran que es necesario y urgente repensar la Operación Chamartín, para lo que todavía se está a tiempo. A su juicio existen fundados motivos por parte de Adif para no renovar la concesión a DCN que vence a finales de este año.
Creen que el nuevo Gobierno central y, en concreto el Ministerio de Fomento, no debe dar la espalda a esta oportunidad, y recuerdan también al ministro la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha anulado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) por favorecer los intereses del Club Atlético de Madrid en el estadio de la Peineta: “el urbanismo no puede actuar alejándose de los intereses generales a los que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad”.
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto aprobar inicialmente la modificación puntual del PGOUM para dar cabida al proyecto Madrid Nuevo Norte, los colectivos citados han solicitado mantener una reunión lo antes posible con el ministro de Fomento.
