Representantes de asociaciones de vecinos, clubes deportivos, usuarios y representantes de CGT del comité de empresa del extinto IMD presentaron el pasado 2 de noviembre la Plataforma Acción Deporte Público. Félix de Dios Provencio, representante de las asociaciones de vecinos, afirmó que “el desorbitante incremento de las tasas y precios de la oferta deportiva municipal a lo largo de los dos últimos años y la salida a concurso público de la gestión de algunas instalaciones deportivas municipales nos lleva a pensar lo peor: que la intención del Ayuntamiento es su paulatina privatización, algo que no nos parece justo habida cuenta de que muchas de ellas se han construido gracias a la presión vecinal y han sido posteriormente mantenidas gracias al trabajo voluntario de los miembros de asociaciones vecinales como la de La Elipa (Ciudad Lineal), Pradera de Tercio Terol, Comillas, Carabanchel Alto, Diego Velázquez y Santa Bárbara, de Carabanchel, Oroquieta (Villaverde), Palomeras Bajas (Puente de Vañellecas) y Pasillo Verde (Arganzuela), amén de otras entidades de base. Desaparecido el IMD (Instituto Municipal de Deporte) y descentralizada la competencia de la gestión en las Juntas Municipales, el Ayuntamiento ha decidido quitarse el problema de encima beneficiando a empresas privadas con ánimo de lucro en el caso de las instalaciones más rentables y deshaciéndose de las menos rentables, cediendo su gestión a entidades vecinales o clubes de base que cargarán con la responsabilidad y el mantenimiento sin recibir un duro. Eso sí, han mejorado las instalaciones subiendo el precio de su uso a unas cantidades a las que muchos usuarios no pueden acceder, convirtiendo a las asociaciones en recaudadoras municipales y al usuario en pagador final de la gestión. Así, el Ayuntamiento, después de años de tener las instalaciones abandonadas, trata ahora de repararlas para sacarlas a concurso público. Es decir, se lava las manos, de manera que en años posteriores el deporte de base no tendrá ningún apoyo municipal”. El portavoz, recogiendo la inquietud de multitud de asociaciones de vecinos, añadió que “ya han desaparecido no pocos equipos y clubes por la subida de tasas y precios”.

José Luis Rebollo, usuario del polideportivo J. M. Cajigal (Moncloa), por su parte, hizo hincapié en el abusivo incremento de las tarifas de los polideportivos, particularmente para colectivos especialmente sensibles, como los niños y mayores. Y es que las tarifas de las escuelas infantiles se han incrementado en más de un 50%. Los mayores, por su parte, han pasado de pagar 6 euros de inscripción anual a abonar 7 euros mensuales, “expulsando así a las personas con menos recursos que son, precisamente, para quienes el deporte resulta más necesario. El incremento, sin embargo, -añadió Rebollo- no ha estado acompañado de una mejora en las instalaciones. Antes bien, muchas de ellas son objeto de un claro abandono. Todo ello, -ha concluido- atenta contra los principios recogidos en los estatutos fundacionales del IMD que deberían haber recogido las Juntas Municipales: la promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física de los vecinos de Madrid y las prácticas deportivas de carácter aficionado”.

Alfredo Sánchez Suárez, en calidad de portavoz de los representantes sindicales de CGT, por su parte, lanzó un significativo dato: la pérdida de más de 900.000 usuarios de las instalaciones deportivas municipales durante el 2004. En cuanto a la situación laboral de los trabajadores del extinto Instituto Municipal de Deportes (IMD), señaló que “al tiempo que el 40% de la plantilla trabaja con contratos eventuales y todavía quedan 1.300 plazas fijas vacantes en las piscinas municipales, se destina más de un millón de euros (1.072.526, 56 euros) anuales para pagar a cargos de confianza política que, obviamente, no han accedido a través de un concurso oposición, tal y como establece la normativa de Régimen Local, el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de las Instalaciones Deportivas Municipales. El 80% de los cargos directivos del antiguo IMD se mantienen sin trabajo en la nueva categoría asignada o bien cobran en funciones. Además –ha señalado- cerca de 900 contratos eventuales ocupan, hasta finales de septiembre y primera quincena de octubre, plazas fijas discontinuas de verano recogidas en el Convenio Colectivo, creando así diferencias y discriminaciones entre ellos y perjudicando el servicio dado en las instalaciones”.

Casos concretos

A continuación, los representantes de la Plataforma señalaron dos casos concretos que, en su opinión, dan muestra de la paulatina privatización de las instalaciones deportivas municipales. El primero de ellos remite al convenio suscrito entre el IMD y la Fundación Real Madrid para la temporada 2003-2004 en virtud del cual el primero aporta ocho instalaciones, el mantenimiento y los servicios administrativos y sanitarios y el segundo el personal técnico deportivo, un reconocimiento médico y la equipación. El convenio supone un incremento de un 135% frente a los precios que ofrecen las escuelas públicas municipales, un agravio teniendo en cuenta que se hace uso de recursos públicos. Los representantes de la Plataforma consideran que “este tipo de gestión indirecta suele ser la antesala de una progresiva privatización de las instalaciones”. El segundo caso parte del acuerdo de 11 de abril del presente año de realizar un estudio de viabilidad para la concesión, en régimen de explotación, de la Instalación Deportiva de Los Prunos y para la construcción, en régimen de concesión, de un centro auxiliar de usos deportivos aludiendo que el Ayuntamiento carece de los medios técnicos y profesionales necesarios para asumir su gestión. En este punto, los representantes de la Plataforma han recordado la experiencia de los 2.500 trabajadores del extinto IMD y han denunciado que “sólo se señala que las tasas se regularán por la Ordenanza de tributos y precios públicos municipales en horario de 8 a 15 horas, pero no hacen referencia alguna al horario de apertura al público ni al precio máximo a aplicar en caso de que se extienda más allá de las tres de la tarde, como es previsible”. El Ayuntamiento prevé que la empresa adjudicataria pague un canon de 181.527 euros durante cuarenta años de cesión y que los ingresos anuales superarán los 2.850.000 euros, “unos beneficios que podrían repercutir en los vecinos de Madrid si el Ayuntamiento se decidiera a asumir la gestión pública directa de la instalación”, han señalado. Antes de finalizar, los representantes de la Plataforma denunciaron “la ausencia de definición de una política unitaria para la gestión de los centros deportivos municipales, lo cual ha dado lugar a que cada Junta Municipal funcione de manera improvisada en relación a los servicios deportivos a ofertar, el mantenimiento de las instalaciones o la cesión de las mismas a empresas con ánimo de lucro”.

Por todo lo expuesto, anunciaron que emprenderán una serie de acciones públicas dirigidas a intentar evitar la privatización de las instalaciones deportivas y a negociar con la administración el establecimiento de unos puntos comunes para la gestión de aquéllas que garanticen su condición de servicio público.