“Tengo una deuda de 15.095 euros, estoy separada y debo mantener a un hijo de 13 años. Como estoy en paro y los trabajos que he tenido han sido temporales y con salarios inferiores a 800 euros, los bancos no me han concedido créditos y si hasta ahora no he podido conseguir ese dinero, ahora, con la crisis, mucho menos”, indicó Nieves, que, al igual que otras 21 personas, tiene que hacer frente a un juicio monitorio por impago.
Carmen de la Sierra, vicepresidenta de la citada asociación ciudadana, que presentó los pormenores de un “injusto” proceso de rehabilitación en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), solicitó junto a Fernando Gómez, del área de urbanismo de esta entidad, “el amparo del Ayuntamiento de Rivas para todas aquellas personas que no puedan pagar”. “Consideramos imprescindible que el Ayuntamiento medie y actúe como defensor de los intereses de sus vecinos y vecinas, aunque hasta ahora no parece tener mucho interés en reunirse con ellos”, afirmó Gómez. La asociación vecinal y la FRAVM se manifestarán mañana a las 12 h frente al Consistorio que dirige José Masa para reclamar ser atendidos por éste y sus propuestas, que pasan por pagar las deudas en condiciones menos rígidas o con ayudas, escuchadas.
Tal y como señalan los vecinos afectados, que se han unido en una “Comisión de Impagados”, a pesar de que las 939 viviendas de la urbanización Pablo Iglesias no tienen más de 25 años y diversos arquitectos concluyen que las condiciones estructurales de las viviendas son buenas, el Consistorio, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda , aprobó un plan de rehabilitación integral que a la larga tendría un coste de 32.000 euros por vivienda de media. “Se presentó un presupuesto muy alto para optar a las máximas subvenciones posibles”, afirmó de la Sierra. En efecto, las ayudas cubren una buena parte del presupuesto, pero aún así las personas con menos recursos no pueden afrontar el resto en las estrictas condiciones actuales. Al principio, “los que estamos en esta situación [de precariedad] no votamos a favor de la rehabilitación porque no la podíamos asumir”, aseguró Nieves Domingo, antes de informar de que, posteriormente, ni siquiera han podido votar en sus comunidades de propietarios porque cualquier impago les imposibilita para ejercer este derecho, en virtud de la Ley de Propiedad Horizontal. La mayoría se ha impuesto a una minoría que carece de recursos económicos. “Sabemos que todo esto es legal, pero es muy injusto, es escandaloso -continúa- y ahora tenemos casos como el de Marisa, con su marido en paro, que tiene la casa casi embargada, o el de María Carmen, de 62 años, que tiene un sueldo de 600 euros y un hijo en paro, o el de jóvenes enfermos de cáncer que tienen que destinar la mayor parte de sus ingresos a su mediación, o el de jubilados que han tenido que ponerse a trabajar” para hacer frente a la deuda.
Por si esto fuera poco, indican las portavoces de la asociación vecinal, muchos de los trabajos de una “rehabilitación que se ha quedado en reformas estéticas como la sustitución de ventanas o chimeneas”, que comenzaron hace más de un año, se han realizado de manera defectuosa, hasta el punto de que en estos momentos algunas casas tienen goteras y han sufrido inundaciones, “algo que nunca se había dado”.
“Nadie se ha negado nunca a no pagar, a pesar de que no estábamos de acuerdo con la rehabilitación; lo único que pedimos son formas de pago diferentes, dependiendo de las posibilidades de cada vecino, pero no nos hacen caso”, concluyó Domingo.
Videos de la rueda de prensa y otros, de la Asociación Vecinal Pablo Iglesias
