El pasado 20 de octubre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio de adhesión al “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016”, lo que supone una partida de 71 millones de euros para ayudas al alquiler y subvenciones a la rehabilitación de viviendas de zonas degradadas de la Comunidad Autónoma. Tras la firma, la FRAVM reclamó al Gobierno de Cristina Cifuentes que antes de abrir nuevas ayudas públicas para la rehabilitación, abone los 10 millones de euros que aún debe a unas 20.000 familias que se acogieron a subvenciones de planes anteriores. Su silencio hasta el día de hoy da fe de su escaso interés por un problema que se concentra en barrios modestos como San Agustín y la Colonia Urpisa en Puente de Vallecas, Ciudad de Los Ángeles en Villaverde, Meseta de Orcasitas en Usera o Manoteras en Hortaleza.
Precisamente vecinas y vecinos damnificados de estas zonas, hartos de una inacción gubernamental que se prolonga ya tres años, se manifestarán el próximo jueves a las 11:00 desde el Mercado de San Miguel (Calle Mayor) hasta la Puerta del Sol, ante la sede de la Comunidad de Madrid. A tal fin, la asociación vecinal de Ciudad de los Ángeles (ASVEYCO) fletará un autobús para trasladar a las personas afectadas de este lugar.
Al término de la manifestación, además de atender a los medios de comunicación, varios representantes de las asociaciones vecinales de los barrios afectados y de la FRAVM registrarán en el Gobierno regional unas 5.000 firmas de ciudadanos que solicitan a la presidenta de la Comunidad de Madrid la derogación del artículo 20 de la Ley 4/2012, norma que abrió la puerta al despropósito que el movimiento ciudadano lleva años denunciando.
Gracias a una ley aprobada con el recurrido argumento de la crisis económica, el Gobierno regional dejó de abonar el tramo autonómico de las subvenciones a familias que, en el marco de los planes de vivienda estatales y regionales, habían rehabilitado sus viviendas en los años anteriores a 2012. Además, rebajó de 50.000 a 15.000 euros las subvenciones a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores en edificios de tres y más alturas que carecían de él, dejando a centenares de familias con unas deudas en ocasiones inasumibles.
Además de la recogida de firmas por la derogación del citado artículo, actualmente la FRAVM promueve mociones de apoyo a los damnificados en ayuntamientos de la región y en juntas municipales de distrito de la capital. De momento, han aprobado declaraciones en este sentido los consistorios de Coslada y San Fernando de Henares y las juntas de San Blas y de Chamartín.
Recordemos que con motivo de los adeudos, el Juzgado de Instrucción Número 36 de Madrid ha admitido a trámite una querella que presentó la asociación vecinal Los Pinos de San Agustín a principios de septiembre contra Pablo Cavero, ex consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, por prevaricación y malversación de fondos públicos. La entidad, a la que se ha sumado la FRAVM en su demanda judicial, denunció a Cavero, hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición, por destinar parte de los 85 millones de euros recibidos del Estado para la rehabilitación de viviendas a otras partidas.
