Aunque algunos responsables del Ministerio de Interior insistan en negar la mayor, la realidad es que, casi todos los días, podemos presenciar en Madrid una redada o controles policiales de identidad a inmigrantes basados en criterios étnicos o raciales. Las identificaciones, realizadas por agentes uniformados o de paisano, se producen en lugares de tránsito obligado como estaciones de Metro, plazas, intercambiadores de transporte u otros lugares habituales como la entrada de tiendas, colegios o locutorios. Con objeto de denunciar esta práctica cotidiana, que no sólo genera miedo e inseguridad en el colectivo migrante sino también en la población autóctona (al proyectar la imagen del extranjero como delincuente) los colectivos vinculados a la Red por el Derecho a Tener Derechos y a la Plataforma Yo Paro llevaron a cabo ayer una acción de protesta en la Plaza de Callao de Madrid. Estas entidades, entre las que se encuentra la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), escenificaron una redada policial contra personas sin papeles a la que se sumaron algunos migrantes que paseaban en ese momento por el centro de la capital y mostraron fotografías de operaciones policiales reales.
La Red por el Derecho a Tener Derechos, tal y como indicó el pasado viernes en la sede de la FRAVM, lamenta que el recientemente aprobado Reglamento de la Ley de Extranjería no haga ninguna mención a este tipo de controles realizados por funcionarios públicos. En un documento que dieron a conocer ese día, los colectivos ciudadanos reclaman al Gobierno central que el Reglamento prohíba de manera expresa “que los agentes de policía lleven a cabo redadas en las vías públicas o en locales públicos, así como controles de identidad y requerimientos de identificación basándose en los rasgos étnicos de las personas o en su asistencia o presencia en lugares públicos frecuentados por inmigrantes o extranjeros”.
