Tal y como indican las plataformas en un comunicado, ‘una de las consecuencias más dramáticas del estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido la pérdida de la vivienda de millones de personas en nuestro país al no poder hacer frente a la cuota hipotecaria por dificultades económicas. La respuesta jurídica e institucional ante esta situación de emergencia habitacional ha sido la aplicación de una ley hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y que está dejando a las familias en la calle con una deuda de por vida y sin ninguna alternativa habitacional. Según cifras del CGPJ, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011 los desahucios se cuentan por más de 200 diarios en todo el país. Esta sangría contrasta con la inyección de dinero público que han recibido estas mismas entidades bancarias, que no han asumido su parte de responsabilidad en la crisis actual y que se están lucrando con la ejecución de estas viviendas’.
En los últimos meses y gracias a la movilización de las personas afectadas y solidarias, esta situación ha dejado de ser invisibilizada y ha ocupado el foco de atención de los principales medios de comunicación. Son docenas las PAH que se han constituido en todo el país que junto al apoyo de otras asociaciones y personas solidarias han detenido un sinfín de desahucios en los últimos meses. El principal objetivo de este movimiento ha sido que se regule la dación en pago de forma retroactiva, para que en caso de residencia habitual y deudores de buena fe, se salde la deuda hipotecaria con la entrega del piso. Esta medida ha contado con un amplio respaldo ciudadano y ha sido asumido por una multitud de agentes sociales, entre ellos el movimiento del 15M y más de 100 ayuntamientos, que han aprobado en sus plenos la moción presentada por la PAH. Sin embargo, ‘nunca antes se había hecho tan evidente la distancia que separa a representantes y representados’, indica la PAH. El Congreso de los Diputados no sólo ha rechazado hasta en cuatro ocasiones la dación en pago sino que ha bloqueado y dilatado la aceptación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago, moratoria de desahucios y alquiler social. ‘Es alarmante que ante el clamor popular por la dación en pago, PSOE, PP y CiU respondan obstaculizando uno de los escasos mecanismos de participación democrática que tiene la sociedad civil, amparándose en falsos pretextos para dilatar su decisión. Por otro lado, los jueces están poniendo en práctica nuevas estrategias para hacer efectivas las ejecuciones para impedir las concentraciones un día y una hora concreta fijando fechas abiertas para el desahucio, dejando a las familias en situación de indefensión jurídica. En las últimas semanas, además, hemos sido testigos de una violencia policial desmesurada para desahuciar a las familias de sus casas’, denuncian las plataformas.
Ante esta situación de radicalización por parte de los poderes públicos, en los que se bloquean procesos democráticos de recogida de firmas en la mesa del Congreso, se extiende el uso de la fuerza policial ante concentraciones ciudadanas pacíficas que pretenden defender el derecho a la vivienda de las familias y a la aplicación sistemática de una ley hipotecaria que es a todas luces injusta, la PAH considera necesaria una respuesta firme y multitudinaria de la ciudadanía. Es por eso que ‘convocamos a una manifestación el próximo 25 de septiembre en diferentes ciudades del país para exigir la regulación de la dación en pago y el desbloqueo de la ILP presentada por la PAH y otros agentes sociales; una moratoria de los desahucios por motivos económicos mientras las entidades financieras continúen acumulando miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social y la reconversión del parque de viviendas vacías y ejecutadas en un parque de alquiler social para hacer efectivo el derecho a la vivienda’, sostienen. ‘El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que nos afecta a todos/as. Es hora de que la clase política decida a qué intereses responde, si a los de la ciudadanía o a los del poder económico. El 25-S tendrán que escucharnos’, concluyen los afectados por la hipoteca.
