La Declaración de Barcelona es un documento aprobado en el III Encuentro de Grandes Ciudades del Estado celebrado el 11 de noviembre de 2023 en la capital catalana, por las federaciones vecinales de quince grandes ciudades y comunidades autónomas. Se trata del inicio de una campaña por la aplicación de la Ley del Derecho a la Vivienda y un llamamiento contra la especulación y la gentrificación en nuestras ciudades, aspectos que superan las limitaciones de la Ley 12/23 del 24 de mayo, hoy todavía pendiente de desarrollo. La Declaración está respaldada por asociaciones y federaciones vecinales de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Zaragoza, Valladolid, Valencia, Murcia, Gijón, Córdoba, Vigo, Elche, Bilbao y A Coruña. 
Reclamamos a las diversas instituciones numerosas reformas y ambición transformadora para abordar con mejores instrumentos la grave crisis de vivienda que sufren nuestras ciudades y hacer frente a los fenómenos de la especulación y gentrificación que castigan nuestros barrios. El Derecho a la Vivienda va más allá de disponer de una Ley, debe garantizarse como un Derecho fundamental en nuestra Constitución y como pilar del estado de bienestar en nuestro país, impulsando reformas más profundas y comprometiendo inversiones importantes.
La Declaración de Barcelona puede resumirse en el siguiente DECÁLOGO de medidas:
1. Reclamar al Gobierno central que se empiece a aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades que ya hayan declarado las zonas tensionadas. Esto implica definir ya el índice de precios de referencia que indica la propia ley.
2. Reclamar a las comunidades autónomas que todavía no lo hayan hecho que declaren las zonas tensionadas para poder activar los beneficios de la presente ley.
3. Que se impulsen proyectos de vivienda pública o protegida en todas aquellas ciudades que tienen suelo edificable y se amplíe la compra directa por tanteo y retracto en zonas urbanas sin suelo, elevando la inversión pública en materia de vivienda al 2% del PIB.
4. Que se impulsen ayudas a la rehabilitación en barrios vulnerables hasta alcanzar una tasa del 3% anual y que se vinculen a la cesión de privada a pública en los casos necesarios.
5. Proteger la existencia de un 30% de vivienda asequible en las calificaciones urbanísticas de los planes generales.
6. Prohibir la venta en el mercado privado de suelo e inmuebles públicos.
7. Eliminación de las exenciones fiscales de las sociedades de inversión SOCIMIS y SICAVS y el sistema Golden Visa.
8. Regulación de los alquileres de uso turístico, temporal y usos comerciales.
9. Nueva ley de residencia que exija cuatro años para la adquisición de vivienda.
10. Mejorar el sistema de registro de contratos y de vivienda vacía para que las administraciones puedan tener datos fiables, sin depender de los del sector privado.
Hacemos un llamamiento urgente a la ministra de Vivienda para que responda a una petición de reunión realizada por el movimiento vecinal del conjunto del Estado.
También apelamos a los distintos Defensores del Pueblo del país en la reclamación de recoger en la Constitución el Derecho a la Vivienda como un Derecho Fundamental.
Y reivindicamos la necesidad de construir un gran Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda que reúna a Instituciones, grupos parlamentarios, sociedad civil organizada, empresariado, sindicatos y movimientos sociales para hacer frente a la grave crisis habitacional en la que estamos inmersos.
