Para ello, manifiesta lo siguiente:
1º. Acudimos a la citada reunión a invitación de la Delegación del Gobierno y en ella la Asociación Vecinal La Corrala y la Federación Vecinal se centraron en reivindicar para Lavapiés más inversión pública en equipamientos, rehabilitación, mejora de las condiciones de vida, etc., negando la necesidad de aumentar la presencia policial, medida en la que parecía empeñada la Delegación del Gobierno. Por otro lado, hicimos patente a la delegada la ausencia de buena parte del tejido asociativo del barrio en un encuentro en el que se iba a constituir la “Mesa para la elaboración y seguimiento del Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia en el Barrio de Lavapiés”.
2º. Es rotundamente falso que esta Federación comparta el diagnóstico de que La Tabacalera es parte del problema en tanto que alberga a las Brigadas Vecinales y a grupos del 15-M.Lejos de esto, para nosotros y nosotras la ciudadanía organizada nunca puede ser parte del problema sino de la solución. Hay que subrayar que esta Federación ha disfrutado también del espacio que ofrece La Tabacalera en diversas ocasiones, ha colaborado en la medida de sus posibilidades con las Brigadas Vecinales en su denuncia de las vergonzantes redadas racistas y del acoso del que ha sido objeto en el desarrollo de su actividad en defensa de los derechos humanos y coincide con el Movimiento 15-M en numerosos espacios, compartiendo locales, actividades y objetivos. Por ende, ha apoyado y apoya públicamente numerosas iniciativas de este movimiento social.
3º. Nos resulta inaceptable que una delegada del Gobierno haga declaraciones que, faltando a la verdad, parecen querer sembrar la sospecha y la división entre las diversas iniciativas ciudadanas que tratan de mejorar las condiciones de vida de sus barrios y garantizar el respeto de los derechos sociales y las libertades.
4º. El problema de nuestros barrios no es quien se organiza para participar en los asuntos públicos y pone en marcha alternativas concretas de gestión del espacio público o de defensa de los derechos ciudadanos, sino quienes desde el poder político y económico se empeñan en recortar estos derechos y libertades, privatizar recursos públicos en beneficio de unos pocos y criminalizar las iniciativas ciudadanas que de una forma u otra se oponen o presentan alternativas a estas políticas.
