Durante años los vecinos que viven en la calle Brihuega de Alcalá de Henares, junto a la actual estación de autobuses interurbanos, han reivindicado un nuevo emplazamiento para esta infraestructura pública, no solo por la contaminación y por el ruido generado por el tráfico rodado, sino por los daños estructurales que sufren en sus bloques de viviendas. Varias sentencias han dado la razón a los vecinos en su particular cruzada contra un intercambiador que el Consistorio situó allí de forma provisional.

Mientras se busca un emplazamiento definitivo a la estación, el de autobuses, el equipo de Gobierno aprobó el pasado 24 de febrero un expediente de contratación para el segundo traslado provisional de esta dotación, en esta ocasión al antiguo recinto ferial, frente a la Isla del Colegio, una localización contra la cual se ha posicionado la Federación Comarcal de Asociaciones Vecinales de Alcalá de Henares.

La federación local recuerda que la parcela está calificada como zona verde. Además, los lunes alberga un mercado local que sirve de punto de venta para diversos productores y comerciantes de la comarca y, con ocasión de eventos multitudinarios, como la celebración del mercado medieval o las propias fiestas locales, se habilita como aparcamiento para absorber la presión de coches.

Las asociaciones vecinales suman más argumentos: la ubicación no garantiza la accesibilidad de todos los vecinos de la comarca que deben acudir a Alcalá para ir al centro de especialidades, al hospital o a realizar administrativos. Además, tienen “serias reservas” sobre las cuestiones técnicas dado que el emplazamiento se halla en el punto más alejado de comunicación con la A2, “punto de entrada de la mayoría de los autobuses interurbanos que dan servicio a nuestra ciudad”.

El importe estimado de las obras, según anunció la portavoz del Gobierno complutense, Marta Viñuelas, es de 350.000 euros, una cantidad desorbitada para una solución meramente temporal en un municipio cuyas arcas públicas acumulan una deuda que ronda los 300 millones de euros.

La federación local muestra, asimismo, su “sorpresa” y “preocupación” ante el hecho de que el equipo de Gobierno tomara la decisión de forma unilateral, sin consultar a los agentes sociales que participan en la Mesa de Movilidad local.

Por todo ello, solicitan la apertura de ‘un periodo de recogida de propuestas de posibles localizaciones por parte de la ciudadanía, su posterior valoración por los técnicos, trabajadores de las empresas de autobuses y vecinos’ y la celebración de una consulta popular acerca de su futura ubicación de acuerdo al Reglamento de Participación Ciudadana vigente en la localidad.